lunes, 30 de noviembre de 2015



La Revolución Mexicana, ellos y nosotros.

Por Roberto ESCAMILLA PÉREZ

Ignorada, incomprendida, calumniada y traicionada, esto es lo que hoy ocurre con la Revolución Mexicana iniciada en 1910, de la cual celebramos ya sus 105 años, muchos para un ser humano, pero pocos para un proceso social que, sin duda, nos habrá de llevar a estadios superiores de existencia y de bienestar para el pueblo y la nación, porque a la afirmación de sus detractores en el sentido de que ha muerto, podríamos responder con el conocido y antiguo refrán: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”.

La Revolución Mexicana

La Revolución Mexicana no ha muerto ni morirá porque es más que una empresa del Estado, que una escuela o un hospital público, que una dependencia de gobierno, que un Presidente, e inclusive más que una ley o que la propia Constitución de la República.
La esencia de ella son sus principios y el camino que trazó, que nuestro país deberá recorrer completo tarde o temprano, porque así como una persona no puede transitar de niño a la etapa adulta sin pasar por la juventud, México no puede, por las leyes que rigen el desarrollo de toda sociedad, alcanzar etapas superiores de desarrollo sin lograr todos los objetivos que se propuso dicho movimiento revolucionario. La Revolución Mexicana es, pues, una necesidad histórica. Es, por tanto, inevitable.
El maestro Vicente Lombardo Toledano, gran filósofo, y genial dirigente obrero y político, definió a la Revolución Mexicana como una revolución antifeudal, democrático-burguesa, popular y antimperialista.
La nuestra, señaló, fue una auténtica revolución porque hizo transitar a nuestro país del régimen feudal al capitalista, y aunque fue encabezada por la burguesía naciente, en ese momento revolucionaria, participaron en ella la clase obrera, los campesinos, peones e indígenas, lo que le dio el carácter de popular.
Además, afirmó, fue una revolución antimperialista como respuesta, primero, a la larga historia de agresiones por parte de potencias extranjeras que México tuvo que sufrir y, en segundo lugar, por el saqueo de nuestros recursos naturales y la explotación de que fuimos objeto por parte de las empresas trasnacionales durante decenas de años, y a la que había que ponerle un alto para alcanzar un desarrollo económico independiente y el bienestar del pueblo mexicano.
La Revolución Mexicana, precisó Lombardo, se propuso tres objetivos: el logro de la independencia económica y política nacional, la ampliación del régimen democrático y el mejoramiento constante del nivel de vida del pueblo. Estos constituyen a su vez sus tres principios fundamentales, junto con el postulado “Nacionalizar es descolonizar”, hecho por Vicente Lombardo Toledano al resumir el camino trazado para México por este movimiento revolucionario.

Nosotros

Por todo lo anterior, los beneficios que a nosotros, al pueblo de México, nos trajo la Revolución Mexicana fueron enormes. De ser un pueblo con un promedio de vida de menos de 40 años, pasamos a uno de 75. Alrededor de las cientos de empresas del Estado que se crearon, surgió una fuerte industria nacional en manos de la burguesía mexicana.
Gracias a las mismas empresas del Estado, y a las nacionalizaciones de la industria petrolera y eléctrica, entre muchas otras, el país avanzó a pasos agigantados por el camino de la independencia económica y política, además de crearse empleos dignos, con buenos salarios, con el consiguiente mejoramiento de nuestro nivel de vida.
La destrucción de los latifundios, el reparto de tierras, la creación del Ejido, los sistemas de riego y los apoyos al campo, incrementaron la producción de alimentos y elevaron el nivel de vida de los campesinos.
Con la educación pública, laica y gratuita, garantizada por el artículo 3º constitucional, y la creación de miles de escuelas primarias, secundarias, de nivel medio superior y superior, millones de mexicanos lograron tener acceso a la educación y a la cultura.
La Seguridad Social, junto con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSSTE), permitieron la atención integral de la salud de millones de mexicanos, quienes además alcanzaron el derecho a una pensión, a incapacidades por enfermedad o accidentes de trabajo, a guarderías, y apoyos de diversos tipos como para matrimonio y defunciones, etcétera.
El artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo permitieron a la clase trabajadora del país elevar su nivel de vida y hacer realidad sus legítimos derechos a la huelga, a organizarse en sindicatos, a tener contratos colectivos de trabajo, a la jornada laboral de ocho horas, a un día de descanso obligatorio, a vacaciones, reparto de utilidades, aguinaldo, atención médica, etcétera.
Asimismo, la mujer obtuvo el derecho al voto y se dio paso a la etapa de los partidos políticos, surgiendo las diputaciones plurinominales o de representación proporcional que permitieron que partidos de izquierda, como el Popular Socialista (PPS) y el Comunista Mexicano (PCM), obtuvieran su registro, y voz y voto en el Poder Legislativo, constituyendo esto un gran avance en cuanto a la ampliación del régimen democrático. 
En fin que, con la Revolución Mexicano avanzando, el país se encaminó por la ruta del desarrollo económico, político y social, fortaleciendo su industria, y su independencia económica y política, el pueblo elevó considerablemente su nivel de vida y se amplió el régimen democrático.

Ellos

Pero entonces, en 1982, vinieron ellos, los neoliberales priistas, y se hicieron del poder, y junto con la derecha tradicional, el Partido Acción Nacional (PAN), desde dentro de las instituciones iniciaron, como un virus, la destrucción sistemática de las mismas y de todo lo alcanzado por nuestra Revolución, apoyados por el imperialismo norteamericano y sus empresas trasnacionales, por la gran burguesía nacional, el clero político y por los monopolios de la información.
Desde esa época, ellos, que ya nada tenían que ver con quienes encabezaron la Revolución Mexicana, obedeciendo los dictados del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos financieros del imperialismo norteamericano, iniciaron con la privatización, venta y desmantelamiento de las empresas estatales, y firmaron con los Estados Unidos y Canadá un Tratado de Libre Comercio (TLC), que lo único que ha provocado es la destrucción de la industria nacional, una mayor dependencia respecto a la economía norteamericana, desempleo, hambre y miseria para el pueblo mexicano.
Ellos destruyeron los ejidos y reformaron a su favor los artículos fundamentales de la Constitución, como el 3º, 27, 123 y 130, y leyes enteras como la Federal del Trabajo y la del IMSS, echando abajo derechos importantes de la clase trabajadora logrados a base de la sangre de millones de mexicanos, y privatizando inclusive las pensiones de los trabajadores con las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
En la actualidad, ellos están dando los últimos toques a su obra maestra con la entrega del petróleo a los monopolios trasnacionales y la privatización de la industria eléctrica, el desmantelamiento de la educación pública, laica y gratuita, y la privatización de la Seguridad Social, destruyendo y saboteando, desde dentro, al IMSS y al ISSSTE, con el objetivo de lograr el respaldo del pueblo mexicano para su privatización, táctica que les ha sido de mucha utilidad cuando de entregar nuestras empresas y recursos naturales a los extranjeros y a los grandes ricos mexicanos se trata.
Asimismo, actualmente ellos dominan en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, gracias a que han construido un régimen bipartidista (PRI-PAN) disfrazado de tripartidismo, arrebatando toda posibilidad de participación a los auténticos partidos de la clase obrera, valiéndose para esto de su poder económico, político y propagandístico.
¿Cuáles han sido los resultados de esta política a la que nosotros llamamos neoliberal? Dependencia económica, sumisión del gobierno mexicano a los dictados de los Estados Unidos, destrucción de la economía nacional, desempleo, pobreza, miseria y enfermedades, un régimen bipartidista antidemocrático al estilo norteamericano, y una violencia e inseguridad pública nunca antes vistas y que jamás habíamos imaginado ni en nuestras peores pesadillas. Y ellos son los responsables.            

Ser revolucionario

Entonces, como ya lo explicamos, la Revolución Mexicana, sus principios y el camino trazado por ella, están más vivos y tienen más vigencia que nunca, por eso hoy no se puede ser de izquierda e ignorar a la Revolución Mexicana, no se puede proponer una nueva Constitución sin basarla en sus principios, si es que se quiere avanzar y no retroceder, o sumergir a nuestro pueblo en la confusión y en el caos.
Tampoco se puede ser de izquierda, demócrata o progresista, si no se lucha contra el neoliberalismo de manera congruente, clara y desde la trinchera en la que cada uno se encuentre: en un partido, en un sindicato, en una organización social, estudiantil, profesional, de mujeres, juvenil o popular.
El destino de México depende y está indisolublemente ligado a la Revolución Mexicana, pero para retomar su camino necesitamos igualmente abrevar en el ejemplo de quienes lucharon en la misma, construyendo un gran Frente Nacional Democrático y Patriótico que una en la acción a todos los mexicanos y organizaciones de izquierda, democráticas, progresistas y antimperialistas, para sacar del poder a ellos, a los neoliberales, y a la derecha, con un programa para nosotros, adecuado a las condiciones actuales, y que proponga soluciones viables a los grandes problemas del pueblo y de la Nación.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Un gran Frente Nacional Democrático y Patriótico para derrotar a los neoliberales.

Por Roberto ESCAMILLA PÉREZ

La política es una ciencia, es la ciencia de la transformación de la realidad en otra mejor. Es una ciencia que requiere del conocimiento de todas las demás, sin excepción. La política no es, por tanto, un arte o un artificio, mucho menos una manera de hacerse de riquezas, como quienes han deformado su práctica la entienden.
Si aplicamos la política como una ciencia, nos enseña que la sociedad humana se rige por leyes que determinan su desarrollo; que nada es estático, que todo cambia; que el cambio, al final, siempre es en el sentido del progreso; que ocurre independientemente de nuestros deseos, y que el papel y la importancia del hombre en este sentido consiste únicamente en acelerar estos cambios dependiendo de su manera de accionar en la sociedad.
También nos dice que la sociedad humana ha transitado por diferentes etapas, pasando de la comunidad primitiva al esclavismo, después al feudalismo, al capitalismo, y a la fase superior de éste, el imperialismo, y, finalmente, al socialismo.
Que en sus orígenes, la sociedad no estuvo dividida en clases sociales, en explotados y explotadores, que esta división surgió con el esclavismo y que persiste hasta ahora en la mayor parte del planeta.

Las raíces históricas del Frente Nacional Democrático y Patriótico

Asimismo, la realidad, y la experiencia histórica de México y del mundo, nos han enseñado que cuando los explotados, los pobres, los que padecen injusticias, y los mejores hombres y mujeres de una sociedad determinada, se unen, se organizan y actúan, los cambios y las transformaciones en el sentido del progreso se producen.
En México así ha sido siempre: nuestra independencia respecto a España fue gracias a la acción conjunta de sectores que, a pesar de sus discrepancias, anhelaban por sobre todas las cosas dicho objetivo, y así fue que lucharon juntos, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, artesanos, intelectuales y esclavos.
En la Revolución Mexicana ocurrió lo mismo: contra la dictadura terrateniente porfirista se unieron en un solo frente, la burguesía en ascenso, intelectuales de izquierda, obreros, campesinos, peones e indígenas, todos ellos explotados, empobrecidos, reprimidos, discriminados o hechos a un lado por el dictador.
Dos ejemplos más ilustran de manera muy clara que la unidad y la acción conjunta del pueblo y de sus fuerzas progresistas contra un enemigo común y por objetivos comunes, es siempre exitosa: uno es la Expropiación Petrolera de 1938, que se logró gracias al frente común formado por el gobierno revolucionario encabezado por el general Lázaro Cárdenas y la clase obrera dirigida por Vicente Lombardo Toledano, a los que se unieron campesinos, empresarios e intelectuales progresistas y revolucionarios, así como las mujeres y la juventud mexicana, y sus organizaciones representativas.
El otro ejemplo es la derrota infringida a Hitler, al eje Berlín-Roma-Tokio, por parte de los aliados, incluidos entre ellos a los Estados Unidos y la Unión Soviética, adversarios ideológicos irreconciliables, que, sin embargo, olvidaron en esa etapa sus diferencias para luchar contra un enemigo común y más peligroso en ese momento histórico: el fascismo.

¿Qué es el Frente Nacional Democrático y Patriótico?

¿Qué significa todo ello? Que la unidad de las fuerzas democráticas, patrióticas y progresistas en un solo frente es una línea estratégica y táctica exitosa, comprobada e imbatible, y que constituye el mejor instrumento del que los mexicanos de hoy podemos y debemos echar mano para cambiar el rumbo de nuestro país y expulsar del poder a los neoliberales, que están sumiendo en la miseria y en el sufrimiento a millones de mexicanos, y que entregan nuestras riquezas en manos de las trasnacionales.
¿Qué es el Frente Nacional Democrático y Patriótico, por llamarlo de alguna manera, y qué se necesita para formarlo? Es la unidad en la acción de todos los mexicanos y mexicanas progresistas y revolucionarios, y sus organizaciones representativas, que, aunque con discrepancias, tengan hoy como objetivo fundamental parar en seco la aplicación de la política económica neoliberal que tanto daño ha hecho al pueblo y al país, y expulsar del poder a los neoliberales para formar un gobierno de nuevo tipo en el que estos no tengan cabida, y de esta manera lograr que el pueblo mexicano eleve su nivel de vida de manera constante, y nuestro país alcance el verdadero desarrollo económico y su independencia.
Para formar un Frente de este tipo se requiere voluntad, para concentrarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide; respeto, para que la independencia, decisiones e integridad de cada organización se mantengan; humildad, para reconocer que nadie es propietario de la verdad absoluta, para escuchar a los demás, combatiendo el sectarismo y la soberbia, que dividen; trabajo, para reconocer que no todos podemos ser líderes, pero que todos somos importantes en esta lucha, desde el más humilde ciudadano o militante, hasta el más encumbrado intelectual, o dirigente político o social; y honradez, para hacer la diferencia y ser ejemplo ante todo el pueblo mexicano.

¿Cuál es su importancia y objetivo?

El éxito en la lucha por nuestro desarrollo económico, por la independencia nacional, contra las privatizaciones, por la salud, el empleo, la educación, por un mejor salario, por la democracia, por el respeto a las conquistas obreras, por los campesinos y pescadores, por la libertad de expresión, etcétera, depende de que logremos la unidad de los mexicanos y sus organizaciones en un solo Frente Democrático y Patriótico, que enarbole un programa encaminado a dar respuesta a los más sentidos anhelos del pueblo.
Esta debe ser la mayor preocupación de todo mexicano que se precie de progresista y a esta labor deben dirigirse todos nuestros pensamientos, preocupaciones y esfuerzos, y sin protagonismos ni ambiciones personales y desmedidas de ningún tipo, tender una mano fraternal y sincera a todos los mexicanos y sus organizaciones, para lograr, juntos, la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas en un solo frente, poniendo por encima de todo el interés de la patria y del pueblo mexicano.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com

viernes, 16 de octubre de 2015

Universalizar la enfermedad, el proyecto de Peña Nieto

Por Roberto ESCAMILLA PÉREZ

“Por caro que parezca el seguro social,
resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución”.
Otto von Bismarck, “El Canciller de Hierro”

Desde siempre, las clases dominantes han pretendido imponer al resto de la sociedad el concepto de que el Estado es un ente neutral, que se encuentra por encima de las clases sociales y de sus intereses, que es un instrumento para la aplicación de la justicia, y que su propósito es resguardar el orden público y procurar el “bien común”.
Sin embargo, la experiencia histórica y la realidad actual siguen demostrando que el Estado es el instrumento utilizado por la clase social dominante para imponer sus conceptos e intereses sobre el resto de la sociedad, utilizando para ello todos los elementos a su alcance, desde los legales hasta la represión, y el crimen.

La seguridad social surgida de la Revolución Mexicana

El Estado surgido de la Revolución Mexicana fue un instrumento para la defensa de los intereses de la burguesía nacional en ascenso, pero también, por las circunstancias particulares de nuestro país y gracias a quienes participaron en la etapa armada de nuestro movimiento revolucionario (indígenas, obreros, campesinos e intelectuales revolucionarios), incluyó, en sus leyes e instituciones, los más sentidos anhelos de las masas populares.
Uno de dichos anhelos fue la seguridad social, entendiendo ésta como un elemento fundamental para la procuración de la salud del pueblo mexicano y de todos los elementos necesarios que le brindaran seguridad y una vida digna, desde el nacimiento hasta la vejez.
Hasta antes del golpe de Estado incruento perpetrado por los neoliberales en los ochentas del siglo pasado en contra de las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana, la seguridad social, fundamentada en los artículos 4º y 123 constitucionales, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, garantizaba a millones de mexicanos una atención digna y de calidad en los cientos de clínicas y hospitales existentes a todo lo largo y ancho de la República Mexicana.
De acuerdo a nuestras leyes, la seguridad social incluye el seguro de enfermedad y maternidad, que garantiza atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria desde el primero hasta el tercer nivel, ayuda para lactancia y subsidios por incapacidades temporales, además de seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y vejez, prestaciones sociales y seguro de guardería, entre otros derechos.
Sin embargo, muchos de ellos han sido acotados y reducidos, o hasta anulados en la práctica por los gobiernos neoliberales debido a contrarreformas hechas a nuestras leyes, a la privatización sistemática de la seguridad social, a la criminal reducción del presupuesto destinado a la salud, y a la corrupción y el debilitamiento intencional de las instituciones de salud a partir de 1982, con Miguel de la Madrid Hurtado.

Universalizar la enfermedad, proyecto de Peña Nieto.

De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, ya hicieron su parte en su propósito de privatizar las instituciones de salud públicas y en privar a los mexicanos de su derecho a una vida y muerte dignas, pues, entre otras cosas, además del cada vez más pobre presupuesto destinado a proteger la salud de los mexicanos, elevaron el número de semanas de cotización y la edad para tener derecho a una pensión, privatizaron los ahorros de millones de trabajadores con la creación de las llamadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que se quedan hasta con una cuarta parte del dinero de los cotizantes sin arriesgar absolutamente nada.
Pero los neoliberales fundamentalistas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Peña Nieto al frente, y hasta los “neoliberales de izquierda”, encabezados por “Los Chuchos” perredistas, van por todo, ahora con el llamado “Sistema Nacional de Salud Universal”, “sistema único de salud” o “universalidad” del sistema de salud.
¿Qué pretende Peña Nieto con esta iniciativa? ¿Realmente universalizar la atención a la salud? No, más bien universalizar la enfermedad porque, entre otras cosas, habría una reducción de beneficios en pensiones, servicios médicos y prestaciones sociales, esto al degradar la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al paquete del Seguro Popular, además, los jóvenes necesitarían muchos más años de cotización y se ajustarían las pensiones a una universal de mil 92 pesos.
Se dejarán fuera problemas de salud frecuentes, como la  insuficiencia renal crónica y muchos cánceres, y los asegurados deberán pagar por la atención de dichas enfermedades en las unidades médicas públicas o privadas pues con esta contrarreforma los derechohabientes solo podrán acceder a un paquete que únicamente incluirá 285 enfermedades, al contrario de lo que sucede hasta ahora en el IMSS y el ISSSTE, instituciones que están obligadas por ley a atender todos los padecimientos y prestar todos los servicios de manera gratuita.
Asimismo, la reforma de salud de Peña Nieto castigará a niños, discapacitados, enfermos crónicos y pobres, porque para los neoliberales son una pesada e indeseable “carga”, por lo que anularía en la práctica el derecho a la salud de los mexicanos, reduciendo la atención pública e impulsando a quienes están ansiosos por lucrar y hacer un gran negocio con las enfermedades del pueblo.
De esta manera, de aprobarse la propuesta de Peña Nieto, ¿cuántos mexicanos que padecen alguna discapacidad, cáncer, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, entre otras enfermedades graves y crónicas, podrían costearse sus tratamientos en hospitales y clínicas privadas, y adquirir los costosos medicamentos? ¿Cuántas personas de edad avanzada podrían hacerlo? Muy pocas. Así, millones de mexicanos estarían condenados a una muerte prematura y en medio de grandes dolores, todo ante la impotencia y el sufrimiento de sus familias.

El viacrucis diario y real de los derechohabientes

¿A qué se enfrentan diariamente los derechohabientes cuando acuden a una clínica, hospital o institución de salud del Estado? A la carencia de medicamentos o a la mala calidad de los mismos; a largos tiempos de espera en instalaciones insalubres y oscuras, sin aire acondicionado donde se requiere; a la falta de médicos especialistas; a la insuficiencia del equipo necesario para la realización de los diferentes estudios y análisis clínicos; a la poca capacidad de algunos médicos y a la mala atención por parte del personal administrativo; a meses de espera para un estudio o cita con un médico especialista, aunque de ellos dependa la vida del paciente, etcétera.
Es claro que esta problemática no se debe a que las instituciones de salud pública sean malas y a que el Estado no tenga la capacidad para administrarlas, como señalan los mismos neoliberales, y la gran burguesía nacional y trasnacional, sino a que quienes nos gobiernan, lejos de estar interesados en resolver los problemas del pueblo y de la nación, únicamente obedecen los dictados del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), encaminados a privatizar la seguridad social. 
De continuar por este camino, la seguridad social desaparecerá en la práctica y las instituciones de salud públicas terminarán atendiendo únicamente diarreas, catarros, dolores de cabeza y colocando “curitas”, con medicamentos de tercera, y miles de trabajadores de la salud irán a engrosar las filas de los desempleados.
  
La “universalidad” que necesitamos    

Es verdad, los mexicanos requerimos urgentemente un sistema universal de salud que realmente cumpla con los objetivos de atender de manera eficiente e integral los problemas de salud de los mexicanos, y de asegurar para todos una vida digna, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte.
Por ello, el sistema universal de salud que necesitamos tendría que cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
1.- Un incremento sustancial y real al presupuesto destinado a la salud y a la seguridad social.
2.- El respeto a los derechos y logros de todos los trabajadores de la salud, plasmados en sus contratos colectivos de trabajo.
3.- Deberá abarcar a todos los mexicanos e incluir todas y cada una de las prestaciones que actualmente se contemplan.
4.- Que no se excluya de ella ninguna enfermedad por muy oneroso que su tratamiento parezca, teniendo que ser financiada en su totalidad por el Estado y no por el derechohabiente, paciente o enfermo.
5.- Que los montos, topes o niveles de estas prestaciones no bajen, por lo contrario, sean las óptimas, las mejores, para asegurar al beneficiario y a su familia un nivel de vida digno y decoroso.
4.- Mejorar las instalaciones y equipamiento a niveles equivalentes a la institución, clínica u hospital que mejores condiciones tenga.
5.- Que desde el Presidente de la República, hasta el más humilde empleado público, incluidos por supuesto diputados federales, senadores e integrantes de la Suprema Corte de Justicia, funcionarios a todos los niveles de cualquier dependencia federal, estatal y municipal, sean incluidos en este esquema de universalización y les sean anulados cualquier clase de seguro, atención o prestación médica privadas.
Es claro que medidas como las anteriores no serán tomadas por el actual gobierno encabezado por Peña Nieto, ni por ningún otro que base sus acciones en el neoliberalismo, por ello la necesidad urgente de lograr la unidad de todas las fuerzas progresistas del país para derrotar y sacar del poder a quienes hoy lo detentan antes de que la sangre llegue al río.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com

domingo, 18 de enero de 2015

Salvemos al Ejército Mexicano, a la juventud y a la Patria.



Por Roberto Escamilla Pérez.

En mayo de 2007, hace aproximadamente ocho años, publicamos el artículo “Salvemos al Ejército Mexicano”, en el que se condenaba enérgicamente al gobierno panista de Felipe Calderón por obligar al Ejército a salir de sus cuarteles para combatir directamente a la delincuencia organizada y al narcotráfico, calificando esta medida como anticonstitucional, inútil, y lesiva para una de las pocas instituciones que mantenía un gran prestigio y respeto entre el pueblo mexicano, contra el que finalmente quería enfrentársele.
Desgraciadamente para nuestro pueblo el tiempo nos ha dado la razón, y por la importancia actual del tema y debido a los trágicos acontecimientos del 26 de septiembre del año pasado en los que tres jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron brutalmente asesinados y 43 más desaparecidos, nos vemos obligados a retomar el asunto y llamar una vez más a la unidad de todas las fuerzas progresistas para derrotar a la secta neoliberal en el poder y logar que el Ejército regrese de inmediato a sus cuarteles, porque este gobierno no lo hará.

Orígenes, características y deberes del Ejército Mexicano

Si bien los orígenes del Ejército Mexicano se remontan a la época de la lucha por nuestra independencia respecto a España, fueron los diferentes ejércitos revolucionarios comandados por Villa, Zapata, Carranza y por otros caudillos que participaron en la Revolución Mexicana iniciada en 1910, los que le heredaron los rasgos y características esenciales que desgraciadamente está perdiendo, como el ser respetuoso de la Constitución, de origen popular y ampliamente identificado con los ideales de independencia, soberanía, democracia y progreso que históricamente ha perseguido nuestro pueblo.
Igualmente, nuestro Ejército se ha distinguido de los del resto del mundo por mantenerse respetuoso de las instituciones y no haber sido protagonista de golpes de Estado, que han provocado masacres, luto, dolor, retroceso y toda clase de injusticias en otros países, además de estar formado por gente del pueblo y cuyos integrantes ascienden de grado no debido a la “pureza de su sangre” o por pertenecer a las clases privilegiadas, sino por sus méritos en el servicio a la patria.
Asimismo, de sus filas han surgido muchos hombres valiosos, progresistas y revolucionarios, como el general Lázaro Cárdenas del Río, el mejor Presidente que ha tenido nuestra patria después de la etapa armada de la Revolución Mexicana iniciada en 1910.
De acuerdo con nuestra Constitución, y con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sus deberes y obligaciones son defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El combate a la delincuencia organizada no es obligación del Ejército Mexicano.

Así, queda más que claro que el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada no es una obligación del Ejército Mexicano, se aparta por completo del marco de la ley y no corresponde a las elevadas tareas que históricamente se le tienen encomendadas.
Se alega que el narcotráfico y la delincuencia organizada ponen en peligro la seguridad interior y hasta la soberanía del país, pero esto es falso y constituye solo el pretexto para involucrar al Ejército en esta lucha, corromperlo, desprestigiarlo y, finalmente, enfrentarlo a un pueblo movilizado y harto de la pobreza, la injusticia y de la entrega de nuestro país a las empresas trasnacionales.
En todo caso, esta situación de inseguridad y violencia es responsabilidad de los gobiernos neoliberales que han estado al frente de nuestro país por más de 30 años y correspondería al actual resolverla, junto con las corporaciones policiacas a todos los niveles, y no al Ejército Mexicano.
Lo que inició Calderón Hinojosa y continúa haciendo Peña Nieto, sobrepasa los límites y está poniendo en serio peligro el prestigio, la esencia y el carácter progresista, democrático y popular del Ejército y, en general, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como la integridad física e inclusive la vida de cada uno de sus integrantes.

¿Por qué el Ejército Mexicano no debe seguir siendo utilizado para combatir a la delincuencia organizada?

No debemos permitir que el Ejército continúe en esta lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada porque, en primer lugar, ya vimos que es una batalla condenada al fracaso pues no se está atacando este fenómeno de manera integral ni de raíz, es decir, no se está combatiendo lo que lo genera: la pobreza, la miseria, la ignorancia y el desempleo, y así no se gana una guerra.
En segundo lugar porque, como ya vimos, el combate a la delincuencia organizada no está dentro de las tareas que constitucionalmente se le tienen asignadas.
En tercer lugar debido a que se le está exponiendo al enorme poder de corrupción del narcotráfico, además de que muchos de sus elementos están perdiendo la vida de manera inútil y absurda, en una guerra que no es la suya.
Por último, si el Ejército continúa en esta lucha, irá perdiendo el prestigio que ante el pueblo mexicano se ha ganado, y en el fragor del combate, y ante la impotencia de no poder acabar con la delincuencia, porque no lo va a poder hacer (no por incapacidad, sino por las razones que ya señalamos), seguramente algunos de sus elementos seguirán cayendo en excesos, y sectores cada vez más numerosos del pueblo empezarán a verlo, ya no como la gran institución que es, sino con odio o desconfianza, situación que a nadie conviene, salvo a los enemigos históricos del progreso de México: a la derecha y al imperialismo norteamericano.

¿Qué es lo que el Ejército Mexicano puede y debe hacer para contribuir en esta lucha?

Es verdad, nadie en nuestro país debe mantenerse al margen de esta situación, pero en este caso el Ejército Mexicano puede colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada de otra manera y nunca directamente, es decir, evitar por todos los medios que entre en combate, tampoco debe encabezar cateos, mucho menos entrar en domicilios particulares, efectuar detenciones, ni crear cuerpos de elite que sirvan para reprimir al pueblo.
El Ejército, por lo contrario, puede y debe, por ejemplo, entrenar y preparar a los cuerpos policiacos a todos los niveles, físicamente, en la táctica y estrategia para el combate, en el manejo de armas, y mental y sicológicamente, fomentando en ellos valores cívicos elevados, como el amor a la patria y a nuestro pueblo, que es lo que finalmente le da un verdadero sentido y propósito a una lucha de este tipo.
Asimismo, puede proporcionar información de inteligencia útil para los cuerpos policiacos, y participar en el avituallamiento y auxilio de los mismos, además de proteger a la población civil.
El Ejército Mexicano puede hacer éstas y muchas cosas más, todas ellas de gran valor y peso, determinantes para avanzar en el combate contra estas mafias, pero sin poner en peligro su esencia, el papel importantísimo que le corresponde legalmente cumplir, y su prestigio ante el pueblo mexicano y ante el mundo.    

Salvemos al Ejército, a la juventud y a la Patria

Más de ocho años han pasado ya desde que el panista Felipe Calderón Hinojosa obligó al Ejército Mexicano a salir de sus cuarteles, decenas de soldados están en la cárcel por cometer abusos contra su pueblo y por actos de corrupción, cientos de ellos han muerto, y centenares de inocentes también, entre ellos mujeres y niños.
Sin embargo, fue el 26 de septiembre del año pasado cuando se llegó al clímax de la barbarie con el asesinato, en Iguala, Guerrero, de tres estudiantes normalistas y la desaparición de otros 43, presuntamente por órdenes de autoridades locales, con la participación de policías municipales y de la delincuencia organizada, pero con la complicidad del aparato de Estado y graves sospechas contra mandos del Ejército Mexicano destacamentados en esa región.
Este es el momento oportuno para recordar una vez más que estamos de acuerdo en que se combata a la delincuencia, pero en todos los frentes, y el policiaco no es el único importante.
¿Pero cómo se va a terminar con la delincuencia si el propio gobierno neoliberal genera las bases para que ésta exista y le crea el caldo de cultivo perfecto, es decir, fomenta el desempleo y con su política económica lleva a nuestro pueblo a la miseria?
Si el pueblo mexicano tuviera trabajo seguro, un salario digno y una vivienda, y garantizados sus derechos a la salud, a la educación, a la recreación, al deporte, a la cultura y a la participación política, ¿dónde reclutaría la delincuencia a sus elementos? ¡Se vería real y efectivamente reducida! Y si aparte logramos tener una justicia pronta, expedita, que no solo castigue a la pobreza, sino real y efectivamente al delito y a la corrupción, entonces la delincuencia estaría aniquilada y las instituciones, todas, a salvo.
Pero esto no ocurrirá en el gobierno de Peña Nieto, por lo que para salvar no solo al Ejército Mexicano, sino a la juventud y a nuestra Patria, es necesaria la unidad de todas las fuerzas progresistas de nuestro país en un solo frente para expulsar del poder a los neoliberales y formar un gobierno de nuevo tipo en el que la clase trabajadora, el pueblo mexicano, tenga realmente voz, voto y poder de decisión.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com

lunes, 5 de enero de 2015

La ley de movilidad universal o “Ley Antimarchas”.



Por Roberto Escamilla Pérez

“Se necesita ser muy hombre para no ser violento”
Efraín Huerta.


El gobierno neoliberal de Peña Nieto ya logró imponer las llamadas “reformas estructurales”, la energética, la educativa y la laboral, entre otras, que no son otra cosa que contrarreformas destinadas a favorecer a la gran burguesía nacional y a las empresas trasnacionales.
Estas contrarreformas traerán como consecuencia una total dependencia de nuestro país respecto a la economía norteamericana, el saqueo de nuestros recursos naturales y la privatización de la tierra, el incremento de la pobreza y la miseria entre el pueblo mexicano, una inseguridad pública cada vez mayor, y el fortalecimiento de la delincuencia organizada y su alianza con el poder público, con el consiguiente aumento de los delitos de todo tipo, incluyendo ahora los de carácter político, es decir, los que cometerá el Estado mexicano contra aquellos que no comulguen con las ideas de la secta neoliberal en el poder.

La ley de movilidad universal

Sin embargo, con todo ello aumentará igualmente la inconformidad de una cada vez mayor cantidad de mexicanos y que se verá expresada en múltiples formas, que irán desde la que se da a través de las redes sociales o de algunos medios de comunicación democráticos, hasta la cada vez más organizada que se manifiesta en las calles.
Esta es ahora la gran preocupación para Peña Nieto y sus partidos, el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido (de) Acción Nacional (PAN), y sus satélites, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Alianza Nacional (PANAL), porque las contrarreformas ya están, pero la pregunta es: ¿Podrán aplicarlas sin obstáculos? Para esto requieren de la llamada ley de movilidad universal que el Poder Legislativo está por aprobar.
Esta ley, mejor conocida como “Ley Antimarchas”, no es más que una legislación de corte fascista que le permitirá al gobierno neoliberal tener una base “legal” para reprimir brutalmente y ya sin recato alguno las manifestaciones callejeras con el pretexto de que afectan los derechos de “terceros”, es decir, de automovilistas y comerciantes, principalmente, pero en general de quienes en ese momento no están participando en la concentración, marcha o mitin.
Para aprobarla, los diputados federales y senadores van a modificar los artículos 11 y 73 de la Constitución de la República. Al artículo 11 le agregarán: “…el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
De aprobarse, esta norma se extenderá a todos los Estados y Municipios del país gracias a la reforma que harán también al artículo 73 en la que se indicará que el Congreso está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados y Municipios en materia de movilidad universal.

Todos afectamos a todos

Pero si de afectar a “terceros” se trata, la realidad es que en la vida cotidiana, todos perjudicamos a todos, pero es el Gobierno Federal el que más lo hace. Veamos.
Al plantarse en el Zócalo, o al manifestarse en las calles y plazas, los inconformes afectan a “terceros”, argumentan Peña Nieto, el PRI y sus partidos “satélite”, los monopolios televisivos Televisa y TV Azteca, y los “intelectuales” que les sirven.
Sin embargo, cuando el Gobierno Federal, el de la ciudad de México o el de cualquier Estado o Municipio, presentan sus informes o reciben a dignatarios o personajes de otros países, organizan el carnaval, una “Feria del Libro”, una venta de artesanías, una presentación artística, una exposición cultural o cualquier otro evento, ya sea en el Zócalo, en Paseo de la Reforma o en una plaza o calle de cualquier ciudad o pueblo: ¿No afectan a “terceros”?
Cuando la cúpula de la Iglesia católica lleva a cabo peregrinaciones o somos visitados por el líder de El Vaticano, que recorre en una gran caravana de vehículos las principales avenidas de una ciudad, ¿no se afecta a “terceros”?
Cuando se realizan los paseos en bicicleta o los aficionados al fútbol festejan el triunfo de su equipo o de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia o en cualquier otra plaza o calle de cualquier ciudad, ¿no se afecta a “terceros”?
Cuando alguna empresa cervecera, o un monopolio televisivo o comercial, realizan por las principales calles de la ciudad sus “paseos o eventos promocionales” con bailes y personajes famosos, ¿no afectan a “terceros”?
Cuando los comerciantes formales o informales sacan sus artículos, o ponen sillas y mesas en las banquetas y calles para sus clientes, ¿no afectan a “terceros”?
Cuando una escuela realiza en la calle algún desfile o festival, ¿no afecta a “terceros”? Cuándo algún padre de familia “tira la casa por la ventana”, cierra la calle donde vive y hace alguna fiesta por cualquier motivo importante para él, ¿no afecta a “terceros”?
Hasta cuando los gobiernos municipales permiten que las calles se llenen de enormes baches, afectan a miles de “terceros”, porque nos ponen en peligro de ser atropellados, nuestros vehículos se deterioran más rápidamente o tenemos que caminar por otras calles con la consiguiente pérdida de tiempo y mayor gasto de combustible, en caso de contar con automóvil. Cuando realizan obras o modifican las vialidades pasa exactamente lo mismo.
Se benefician algunos o muchos, es cierto, quienes, por ejemplo, pueden comprar un libro, una artesanía, una comida de otro país, o quienes son católicos, disfrutan de andar en bicicleta, de los carnavales, o quienes les gusta el fútbol o a personajes famosos para fotografiarlos y pedirles su autógrafo.
Sin embargo, se afecta a “terceros” sin duda alguna: a comerciantes, a peatones, a los automovilistas o a quienes no están interesados en esas cosas o simplemente no pueden adquirirlas porque pertenecen a esos 80 millones de mexicanos pobres que ni siquiera pueden trasladarse en camión a disfrutar de algún espectáculo recreativo o cultural porque no tienen dinero para el pasaje de los más de cuatro miembros de la familia.
¿No constituye todo lo anterior una violación a la ley de movilidad universal que el gobierno de Peña Nieto quiere imponer? Y como esto continuará ocurriendo, entonces resulta lógico pensar que el propósito verdadero de esta ley es prohibir las marchas, mítines o cualquier tipo de manifestaciones en contra del gobierno y que éste cuente con las bases “legales” para reprimirlas.

Los “terceros” tolerantes

Pero esos “terceros” afectados no vamos a quemar los libros o las artesanías, a ofender a los católicos, no atropellamos a los ciclistas, no vamos a golpear a los aficionados al fútbol, a patear las mercancías que los comerciantes colocan afuera de sus establecimientos, o las sillas y mesas que invaden las banquetas y calles del vecino “enfiestado”, tampoco a entorpecer los eventos y desfiles de los monopolios televisivos o comerciales.
Los aceptamos y toleramos simplemente porque somos personas civilizadas, porque estamos conscientes de la difícil situación económica por la que los mexicanos atravesamos y porque todos tenemos el derecho que nos brinda la Constitución a expresarnos libre y pacíficamente, y a ganarnos el pan de cada día, para nosotros y nuestras familias.
Así que simplemente tomamos otra calle si alguna está cerrada por esos motivos o caminamos un poco más, y si llegamos algo tarde a nuestra cita, de cualquier carácter que ésta sea, no se acaba el mundo.
Somos pacientes, tolerantes y nos comportamos como seres racionales porque sabemos que quienes se manifiestan no lo hacen por gusto, sino como último recurso para defender sus derechos constitucionales y humanos básicos, porque muchas veces es la única manera de que las autoridades los escuchen.
O tal vez se manifiestan porque algún hijo, padre, madre, familiar, amigo, vecino o compañero de escuela o de trabajo está desaparecido, o se encuentra en estado vegetativo porque algún policía o delincuente lo torturó, le disparó, o porque fue asesinado, o porque fue degollado o desollado vivo. Por eso respetamos su derecho a manifestarse. Porque mañana, desgraciadamente, podríamos ser nosotros.    

Los “terceros” intolerantes

Pero a quienes verdaderamente les afectan las manifestaciones, las que se realizan en su contra, no a su favor, claro, es a la secta neoliberal en el poder, a la gran burguesía nacional y al imperialismo norteamericano: estos son los “terceros” afectados, los “terceros” intolerantes.
Sin embargo, irónicamente, el gobierno de Peña Nieto y sus antecesores, desde 1982, iniciando con Miguel de la Madrid Hurtado, debido a sus políticas neoliberales son los que más han afectado a “terceros”, pues más de 80 millones de mexicanos viven hoy en la pobreza o en la miseria.
A esos millones de mexicanos, los gobiernos neoliberales los han afectado negándoles, desde hace más de 30 años, sus derechos constitucionales a organizarse y a manifestarse pacíficamente, a la huelga, a la alimentación, a una vivienda digna, a una educación de calidad y apegada al espíritu del artículo 3º constitucional, a un empleo, a un salario o ingreso digno y suficiente, a la recreación, a la cultura, al deporte, a la tranquilidad, a la seguridad pública y hasta a recibir ayuda suficiente en caso de desastres naturales.
Es decir, los gobiernos neoliberales han violado los derechos constitucionales de más de 80 millones de mexicanos durante 30 largos años, y además han sido intolerantes y represores, y han pisoteado el espíritu mismo de la Constitución con las contrarreformas que han impuesto, y que tienen a todos los mexicanos y al país en una situación deplorable.

Los muertos han sido solo de nuestro lado

Así, en estos últimos 30 años los únicos tolerantes y dispuestos al diálogo, y a una lucha civilizada y pacífica, los únicos en recibir los “garrotazos”, hemos sido los mexicanos pobres, la clase trabajadora, los sindicatos democráticos, los campesinos, los estudiantes, y los intelectuales y empresarios progresistas, ¡no el Gobierno Federal! Los muertos han sido solo de nuestro lado y por eso decimos: ¡No a la fascista ley de movilidad universal!
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com