domingo, 18 de enero de 2015

Salvemos al Ejército Mexicano, a la juventud y a la Patria.



Por Roberto Escamilla Pérez.

En mayo de 2007, hace aproximadamente ocho años, publicamos el artículo “Salvemos al Ejército Mexicano”, en el que se condenaba enérgicamente al gobierno panista de Felipe Calderón por obligar al Ejército a salir de sus cuarteles para combatir directamente a la delincuencia organizada y al narcotráfico, calificando esta medida como anticonstitucional, inútil, y lesiva para una de las pocas instituciones que mantenía un gran prestigio y respeto entre el pueblo mexicano, contra el que finalmente quería enfrentársele.
Desgraciadamente para nuestro pueblo el tiempo nos ha dado la razón, y por la importancia actual del tema y debido a los trágicos acontecimientos del 26 de septiembre del año pasado en los que tres jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron brutalmente asesinados y 43 más desaparecidos, nos vemos obligados a retomar el asunto y llamar una vez más a la unidad de todas las fuerzas progresistas para derrotar a la secta neoliberal en el poder y logar que el Ejército regrese de inmediato a sus cuarteles, porque este gobierno no lo hará.

Orígenes, características y deberes del Ejército Mexicano

Si bien los orígenes del Ejército Mexicano se remontan a la época de la lucha por nuestra independencia respecto a España, fueron los diferentes ejércitos revolucionarios comandados por Villa, Zapata, Carranza y por otros caudillos que participaron en la Revolución Mexicana iniciada en 1910, los que le heredaron los rasgos y características esenciales que desgraciadamente está perdiendo, como el ser respetuoso de la Constitución, de origen popular y ampliamente identificado con los ideales de independencia, soberanía, democracia y progreso que históricamente ha perseguido nuestro pueblo.
Igualmente, nuestro Ejército se ha distinguido de los del resto del mundo por mantenerse respetuoso de las instituciones y no haber sido protagonista de golpes de Estado, que han provocado masacres, luto, dolor, retroceso y toda clase de injusticias en otros países, además de estar formado por gente del pueblo y cuyos integrantes ascienden de grado no debido a la “pureza de su sangre” o por pertenecer a las clases privilegiadas, sino por sus méritos en el servicio a la patria.
Asimismo, de sus filas han surgido muchos hombres valiosos, progresistas y revolucionarios, como el general Lázaro Cárdenas del Río, el mejor Presidente que ha tenido nuestra patria después de la etapa armada de la Revolución Mexicana iniciada en 1910.
De acuerdo con nuestra Constitución, y con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sus deberes y obligaciones son defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El combate a la delincuencia organizada no es obligación del Ejército Mexicano.

Así, queda más que claro que el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada no es una obligación del Ejército Mexicano, se aparta por completo del marco de la ley y no corresponde a las elevadas tareas que históricamente se le tienen encomendadas.
Se alega que el narcotráfico y la delincuencia organizada ponen en peligro la seguridad interior y hasta la soberanía del país, pero esto es falso y constituye solo el pretexto para involucrar al Ejército en esta lucha, corromperlo, desprestigiarlo y, finalmente, enfrentarlo a un pueblo movilizado y harto de la pobreza, la injusticia y de la entrega de nuestro país a las empresas trasnacionales.
En todo caso, esta situación de inseguridad y violencia es responsabilidad de los gobiernos neoliberales que han estado al frente de nuestro país por más de 30 años y correspondería al actual resolverla, junto con las corporaciones policiacas a todos los niveles, y no al Ejército Mexicano.
Lo que inició Calderón Hinojosa y continúa haciendo Peña Nieto, sobrepasa los límites y está poniendo en serio peligro el prestigio, la esencia y el carácter progresista, democrático y popular del Ejército y, en general, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como la integridad física e inclusive la vida de cada uno de sus integrantes.

¿Por qué el Ejército Mexicano no debe seguir siendo utilizado para combatir a la delincuencia organizada?

No debemos permitir que el Ejército continúe en esta lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada porque, en primer lugar, ya vimos que es una batalla condenada al fracaso pues no se está atacando este fenómeno de manera integral ni de raíz, es decir, no se está combatiendo lo que lo genera: la pobreza, la miseria, la ignorancia y el desempleo, y así no se gana una guerra.
En segundo lugar porque, como ya vimos, el combate a la delincuencia organizada no está dentro de las tareas que constitucionalmente se le tienen asignadas.
En tercer lugar debido a que se le está exponiendo al enorme poder de corrupción del narcotráfico, además de que muchos de sus elementos están perdiendo la vida de manera inútil y absurda, en una guerra que no es la suya.
Por último, si el Ejército continúa en esta lucha, irá perdiendo el prestigio que ante el pueblo mexicano se ha ganado, y en el fragor del combate, y ante la impotencia de no poder acabar con la delincuencia, porque no lo va a poder hacer (no por incapacidad, sino por las razones que ya señalamos), seguramente algunos de sus elementos seguirán cayendo en excesos, y sectores cada vez más numerosos del pueblo empezarán a verlo, ya no como la gran institución que es, sino con odio o desconfianza, situación que a nadie conviene, salvo a los enemigos históricos del progreso de México: a la derecha y al imperialismo norteamericano.

¿Qué es lo que el Ejército Mexicano puede y debe hacer para contribuir en esta lucha?

Es verdad, nadie en nuestro país debe mantenerse al margen de esta situación, pero en este caso el Ejército Mexicano puede colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada de otra manera y nunca directamente, es decir, evitar por todos los medios que entre en combate, tampoco debe encabezar cateos, mucho menos entrar en domicilios particulares, efectuar detenciones, ni crear cuerpos de elite que sirvan para reprimir al pueblo.
El Ejército, por lo contrario, puede y debe, por ejemplo, entrenar y preparar a los cuerpos policiacos a todos los niveles, físicamente, en la táctica y estrategia para el combate, en el manejo de armas, y mental y sicológicamente, fomentando en ellos valores cívicos elevados, como el amor a la patria y a nuestro pueblo, que es lo que finalmente le da un verdadero sentido y propósito a una lucha de este tipo.
Asimismo, puede proporcionar información de inteligencia útil para los cuerpos policiacos, y participar en el avituallamiento y auxilio de los mismos, además de proteger a la población civil.
El Ejército Mexicano puede hacer éstas y muchas cosas más, todas ellas de gran valor y peso, determinantes para avanzar en el combate contra estas mafias, pero sin poner en peligro su esencia, el papel importantísimo que le corresponde legalmente cumplir, y su prestigio ante el pueblo mexicano y ante el mundo.    

Salvemos al Ejército, a la juventud y a la Patria

Más de ocho años han pasado ya desde que el panista Felipe Calderón Hinojosa obligó al Ejército Mexicano a salir de sus cuarteles, decenas de soldados están en la cárcel por cometer abusos contra su pueblo y por actos de corrupción, cientos de ellos han muerto, y centenares de inocentes también, entre ellos mujeres y niños.
Sin embargo, fue el 26 de septiembre del año pasado cuando se llegó al clímax de la barbarie con el asesinato, en Iguala, Guerrero, de tres estudiantes normalistas y la desaparición de otros 43, presuntamente por órdenes de autoridades locales, con la participación de policías municipales y de la delincuencia organizada, pero con la complicidad del aparato de Estado y graves sospechas contra mandos del Ejército Mexicano destacamentados en esa región.
Este es el momento oportuno para recordar una vez más que estamos de acuerdo en que se combata a la delincuencia, pero en todos los frentes, y el policiaco no es el único importante.
¿Pero cómo se va a terminar con la delincuencia si el propio gobierno neoliberal genera las bases para que ésta exista y le crea el caldo de cultivo perfecto, es decir, fomenta el desempleo y con su política económica lleva a nuestro pueblo a la miseria?
Si el pueblo mexicano tuviera trabajo seguro, un salario digno y una vivienda, y garantizados sus derechos a la salud, a la educación, a la recreación, al deporte, a la cultura y a la participación política, ¿dónde reclutaría la delincuencia a sus elementos? ¡Se vería real y efectivamente reducida! Y si aparte logramos tener una justicia pronta, expedita, que no solo castigue a la pobreza, sino real y efectivamente al delito y a la corrupción, entonces la delincuencia estaría aniquilada y las instituciones, todas, a salvo.
Pero esto no ocurrirá en el gobierno de Peña Nieto, por lo que para salvar no solo al Ejército Mexicano, sino a la juventud y a nuestra Patria, es necesaria la unidad de todas las fuerzas progresistas de nuestro país en un solo frente para expulsar del poder a los neoliberales y formar un gobierno de nuevo tipo en el que la clase trabajadora, el pueblo mexicano, tenga realmente voz, voto y poder de decisión.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com

lunes, 5 de enero de 2015

La ley de movilidad universal o “Ley Antimarchas”.



Por Roberto Escamilla Pérez

“Se necesita ser muy hombre para no ser violento”
Efraín Huerta.


El gobierno neoliberal de Peña Nieto ya logró imponer las llamadas “reformas estructurales”, la energética, la educativa y la laboral, entre otras, que no son otra cosa que contrarreformas destinadas a favorecer a la gran burguesía nacional y a las empresas trasnacionales.
Estas contrarreformas traerán como consecuencia una total dependencia de nuestro país respecto a la economía norteamericana, el saqueo de nuestros recursos naturales y la privatización de la tierra, el incremento de la pobreza y la miseria entre el pueblo mexicano, una inseguridad pública cada vez mayor, y el fortalecimiento de la delincuencia organizada y su alianza con el poder público, con el consiguiente aumento de los delitos de todo tipo, incluyendo ahora los de carácter político, es decir, los que cometerá el Estado mexicano contra aquellos que no comulguen con las ideas de la secta neoliberal en el poder.

La ley de movilidad universal

Sin embargo, con todo ello aumentará igualmente la inconformidad de una cada vez mayor cantidad de mexicanos y que se verá expresada en múltiples formas, que irán desde la que se da a través de las redes sociales o de algunos medios de comunicación democráticos, hasta la cada vez más organizada que se manifiesta en las calles.
Esta es ahora la gran preocupación para Peña Nieto y sus partidos, el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido (de) Acción Nacional (PAN), y sus satélites, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Alianza Nacional (PANAL), porque las contrarreformas ya están, pero la pregunta es: ¿Podrán aplicarlas sin obstáculos? Para esto requieren de la llamada ley de movilidad universal que el Poder Legislativo está por aprobar.
Esta ley, mejor conocida como “Ley Antimarchas”, no es más que una legislación de corte fascista que le permitirá al gobierno neoliberal tener una base “legal” para reprimir brutalmente y ya sin recato alguno las manifestaciones callejeras con el pretexto de que afectan los derechos de “terceros”, es decir, de automovilistas y comerciantes, principalmente, pero en general de quienes en ese momento no están participando en la concentración, marcha o mitin.
Para aprobarla, los diputados federales y senadores van a modificar los artículos 11 y 73 de la Constitución de la República. Al artículo 11 le agregarán: “…el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
De aprobarse, esta norma se extenderá a todos los Estados y Municipios del país gracias a la reforma que harán también al artículo 73 en la que se indicará que el Congreso está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados y Municipios en materia de movilidad universal.

Todos afectamos a todos

Pero si de afectar a “terceros” se trata, la realidad es que en la vida cotidiana, todos perjudicamos a todos, pero es el Gobierno Federal el que más lo hace. Veamos.
Al plantarse en el Zócalo, o al manifestarse en las calles y plazas, los inconformes afectan a “terceros”, argumentan Peña Nieto, el PRI y sus partidos “satélite”, los monopolios televisivos Televisa y TV Azteca, y los “intelectuales” que les sirven.
Sin embargo, cuando el Gobierno Federal, el de la ciudad de México o el de cualquier Estado o Municipio, presentan sus informes o reciben a dignatarios o personajes de otros países, organizan el carnaval, una “Feria del Libro”, una venta de artesanías, una presentación artística, una exposición cultural o cualquier otro evento, ya sea en el Zócalo, en Paseo de la Reforma o en una plaza o calle de cualquier ciudad o pueblo: ¿No afectan a “terceros”?
Cuando la cúpula de la Iglesia católica lleva a cabo peregrinaciones o somos visitados por el líder de El Vaticano, que recorre en una gran caravana de vehículos las principales avenidas de una ciudad, ¿no se afecta a “terceros”?
Cuando se realizan los paseos en bicicleta o los aficionados al fútbol festejan el triunfo de su equipo o de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia o en cualquier otra plaza o calle de cualquier ciudad, ¿no se afecta a “terceros”?
Cuando alguna empresa cervecera, o un monopolio televisivo o comercial, realizan por las principales calles de la ciudad sus “paseos o eventos promocionales” con bailes y personajes famosos, ¿no afectan a “terceros”?
Cuando los comerciantes formales o informales sacan sus artículos, o ponen sillas y mesas en las banquetas y calles para sus clientes, ¿no afectan a “terceros”?
Cuando una escuela realiza en la calle algún desfile o festival, ¿no afecta a “terceros”? Cuándo algún padre de familia “tira la casa por la ventana”, cierra la calle donde vive y hace alguna fiesta por cualquier motivo importante para él, ¿no afecta a “terceros”?
Hasta cuando los gobiernos municipales permiten que las calles se llenen de enormes baches, afectan a miles de “terceros”, porque nos ponen en peligro de ser atropellados, nuestros vehículos se deterioran más rápidamente o tenemos que caminar por otras calles con la consiguiente pérdida de tiempo y mayor gasto de combustible, en caso de contar con automóvil. Cuando realizan obras o modifican las vialidades pasa exactamente lo mismo.
Se benefician algunos o muchos, es cierto, quienes, por ejemplo, pueden comprar un libro, una artesanía, una comida de otro país, o quienes son católicos, disfrutan de andar en bicicleta, de los carnavales, o quienes les gusta el fútbol o a personajes famosos para fotografiarlos y pedirles su autógrafo.
Sin embargo, se afecta a “terceros” sin duda alguna: a comerciantes, a peatones, a los automovilistas o a quienes no están interesados en esas cosas o simplemente no pueden adquirirlas porque pertenecen a esos 80 millones de mexicanos pobres que ni siquiera pueden trasladarse en camión a disfrutar de algún espectáculo recreativo o cultural porque no tienen dinero para el pasaje de los más de cuatro miembros de la familia.
¿No constituye todo lo anterior una violación a la ley de movilidad universal que el gobierno de Peña Nieto quiere imponer? Y como esto continuará ocurriendo, entonces resulta lógico pensar que el propósito verdadero de esta ley es prohibir las marchas, mítines o cualquier tipo de manifestaciones en contra del gobierno y que éste cuente con las bases “legales” para reprimirlas.

Los “terceros” tolerantes

Pero esos “terceros” afectados no vamos a quemar los libros o las artesanías, a ofender a los católicos, no atropellamos a los ciclistas, no vamos a golpear a los aficionados al fútbol, a patear las mercancías que los comerciantes colocan afuera de sus establecimientos, o las sillas y mesas que invaden las banquetas y calles del vecino “enfiestado”, tampoco a entorpecer los eventos y desfiles de los monopolios televisivos o comerciales.
Los aceptamos y toleramos simplemente porque somos personas civilizadas, porque estamos conscientes de la difícil situación económica por la que los mexicanos atravesamos y porque todos tenemos el derecho que nos brinda la Constitución a expresarnos libre y pacíficamente, y a ganarnos el pan de cada día, para nosotros y nuestras familias.
Así que simplemente tomamos otra calle si alguna está cerrada por esos motivos o caminamos un poco más, y si llegamos algo tarde a nuestra cita, de cualquier carácter que ésta sea, no se acaba el mundo.
Somos pacientes, tolerantes y nos comportamos como seres racionales porque sabemos que quienes se manifiestan no lo hacen por gusto, sino como último recurso para defender sus derechos constitucionales y humanos básicos, porque muchas veces es la única manera de que las autoridades los escuchen.
O tal vez se manifiestan porque algún hijo, padre, madre, familiar, amigo, vecino o compañero de escuela o de trabajo está desaparecido, o se encuentra en estado vegetativo porque algún policía o delincuente lo torturó, le disparó, o porque fue asesinado, o porque fue degollado o desollado vivo. Por eso respetamos su derecho a manifestarse. Porque mañana, desgraciadamente, podríamos ser nosotros.    

Los “terceros” intolerantes

Pero a quienes verdaderamente les afectan las manifestaciones, las que se realizan en su contra, no a su favor, claro, es a la secta neoliberal en el poder, a la gran burguesía nacional y al imperialismo norteamericano: estos son los “terceros” afectados, los “terceros” intolerantes.
Sin embargo, irónicamente, el gobierno de Peña Nieto y sus antecesores, desde 1982, iniciando con Miguel de la Madrid Hurtado, debido a sus políticas neoliberales son los que más han afectado a “terceros”, pues más de 80 millones de mexicanos viven hoy en la pobreza o en la miseria.
A esos millones de mexicanos, los gobiernos neoliberales los han afectado negándoles, desde hace más de 30 años, sus derechos constitucionales a organizarse y a manifestarse pacíficamente, a la huelga, a la alimentación, a una vivienda digna, a una educación de calidad y apegada al espíritu del artículo 3º constitucional, a un empleo, a un salario o ingreso digno y suficiente, a la recreación, a la cultura, al deporte, a la tranquilidad, a la seguridad pública y hasta a recibir ayuda suficiente en caso de desastres naturales.
Es decir, los gobiernos neoliberales han violado los derechos constitucionales de más de 80 millones de mexicanos durante 30 largos años, y además han sido intolerantes y represores, y han pisoteado el espíritu mismo de la Constitución con las contrarreformas que han impuesto, y que tienen a todos los mexicanos y al país en una situación deplorable.

Los muertos han sido solo de nuestro lado

Así, en estos últimos 30 años los únicos tolerantes y dispuestos al diálogo, y a una lucha civilizada y pacífica, los únicos en recibir los “garrotazos”, hemos sido los mexicanos pobres, la clase trabajadora, los sindicatos democráticos, los campesinos, los estudiantes, y los intelectuales y empresarios progresistas, ¡no el Gobierno Federal! Los muertos han sido solo de nuestro lado y por eso decimos: ¡No a la fascista ley de movilidad universal!
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com