Por Roberto ESCAMILLA PÉREZ.
Hasta antes del régimen de Miguel de la Madrid (1982-1988), la tendencia general en cuanto a lo político y electoral fue la de abrir espacios para las fuerzas progresistas y revolucionarias nacionales, democratizar el Poder Legislativo de la nación y fortalecer el carácter plural del régimen de partidos, reconociéndoles a éstos, en nuestra Carta Magna, su carácter de entidades de interés público.
Así, en 1963 surgió la figura jurídica de los diputados de partido, sustituyéndola en 1977 la de diputados de representación proporcional; en 1972 se redujo al 1.5% como mínimo de votación requerida para acreditar diputados de partido; en 1986 se incrementó el peso de la representación proporcional en relación a la mayoría relativa en la composición de la Cámara de Diputados, de un 25 a un 33%, y se elevó a los partidos políticos a rango constitucional considerándoseles entidades de interés público, reconociéndolos como actores fundamentales del proceso electoral y titulares de los derechos político-electorales, fortaleciéndose el régimen plural de partidos y propiciándose su presencia y participación en la vida política nacional.
Los “nuevos patricios”.
Sin embargo, actualmente, con la llegada de los neoliberales al poder, la tendencia es completamente contraria y a estas alturas en nuestra “democracia” sucede lo que en la de la Roma Antigua, en la que, de acuerdo a sus leyes, el “pueblo” o los “ciudadanos” gozaban de los mismos y plenos derechos; sin embargo, para dichas leyes los únicos que entraban en esa categoría eran los “patricios”, la clase privilegiada, porque los “plebeyos”, la gran mayoría, no eran considerados parte del “pueblo” y carecían de derechos civiles y políticos, y ni se diga de los esclavos, que eran tratados como animales o cosas; además, el voto, al que sólo tenían derecho los “patricios”, valía de acuerdo al poder económico del personaje que se tratara.
Los “nuevos plebeyos”.
En nuestro país, de acuerdo a la Constitución y a la legislación electoral, todos los “ciudadanos” gozamos del derecho a la participación política, a votar y ser votados, a organizarnos en partidos; sin embargo, la clase trabajadora, de la que forma parte la inmensa mayoría de los mexicanos, que en la realidad no es considerada por el gobierno panista como parte de la “ciudadanía”, carece de la posibilidad real de hacer política y de votar de manera libre y consciente en los procesos electorales, debido, en primer lugar, a la pobreza en que vive, y después a que sólo recibe la información que proviene de los partidos y candidatos con más poder económico y mayor difusión en los monopolios de la comunicación.
De esta manera, y como consecuencia de lo anterior, los trabajadores mexicanos, las mayorías, carecen de una auténtica representación en los diferentes órganos de poder, copados por los partidos que representan los intereses de las diferentes capas que forman la burguesía mexicana, pero principalmente por la gran burguesía neoliberal aliada del imperialismo norteamericano y a sus trasnacionales.
Debido a esta realidad, a las condiciones y circunstancias nacionales en las que se plantea, es que la reforma política propuesta por Calderón es una reforma a modo, viciada de origen y destinada a beneficiar a los modernos “patricios”, es decir, a los grupos neoliberales, principalmente al Partido (de) Acción Nacional, representante fiel de los intereses de la oligarquía nacional.
El decálogo.
Con su decálogo, Calderón pretende suprimir logros tan importantes para el auténtico avance democrático como los diputados de representación proporcional o plurinominales, intenta otorgar más espacios a los grupos de derecha con el disfraz de la “ciudadanización” de la política y, además, fortalecer la dictadura de la gran burguesía nacional a costa de la soberanía del Poder Legislativo y de su supeditación al Ejecutivo, proponiendo para este último “iniciativas preferentes” y la facultad de hacer observaciones parciales o totales a proyectos de ley aprobados por el Legislativo, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Ley de Ingresos, haciendo prácticamente obligatoria su aprobación con tales observaciones incluidas.
Reelección e iniciativa ciudadana.
Así, en estas circunstancias y dada la actual correlación de fuerzas desfavorable para quienes deseamos el progreso, y debido también a la marginación de la clase trabajadora y de su partido, propuestas como la reelección de diputados locales y federales, delegados y miembros de los Ayuntamientos, así como la de las iniciativas ciudadanas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de aprobarse, no serán en beneficio del pueblo mexicano pues en la práctica diaria, en la realidad, no podrán ser aprovechadas por éste ni por las organizaciones que representan sus legítimos intereses.
Candidaturas ciudadanas o independientes.
La propuesta de candidaturas “ciudadanas” o “independientes” nos trae a la mente a personajes tan nefastos como Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, pues fue gracias a esa figura jurídica que llegó al cargo con los resultados trágicos para ese pueblo hermano que todos conocemos.
Calderón asegura demagógicamente que estas candidaturas darán más poder de decisión a los “ciudadanos” y se lo restarán a los partidos políticos, a quienes acusa de mantener al país en la parálisis y sin las “profundas reformas” que según él necesitamos.
Sin embargo, la realidad es otra: mediante ellas pretende restar poder y prestigio a los partidos políticos distintos al PAN, pero fortalecer la posición ideológica y política de la derecha, y de los grupos neoliberales en general, porque ¿quiénes sino los muy ricos, y los narcos, podrían y tendrían la posibilidad de lanzarse como “candidatos independientes” o “ciudadanos”, o apoyar a éstos económicamente?, atrayendo de paso a ingenuos y a gente de buena fe que potencialmente podrían asumir posiciones progresistas; así, muy hábilmente, el gobierno canalizaría inconformidades a favor de la derecha.
La segunda vuelta electoral.
Por otro lado, la propuesta de una segunda vuelta electoral en la elección presidencial en caso de que ningún candidato alcance más del 50% de la votación, revela la demagogia y falta de congruencia y seriedad de Calderón y de su partido.
Ellos, que se dan golpes de pecho diciendo que las elecciones son muy caras, y critican cínica y agresivamente las alianzas cuando son de las fuerzas progresistas, calificándolas de oportunistas, con esta propuesta fomentan precisamente lo que dicen rechazar pues una segunda vuelta significaría un gasto mucho mayor en cuanto a lo electoral y, además, constituiría un auténtico paraíso para aquellos políticos sin principios, aventureros, oportunistas y negociantes de la política, que no perderían la oportunidad de venderse al mejor postor para dicha segunda vuelta electoral, y quienes los comprarían sería el PAN, la derecha, los neoliberales, los narcos y los grandes empresarios nacionales, sin duda alguna, pues son ellos quienes detentan el poder económico en el país.
Todos contra las plurinominales.
Sin embargo, lo que más llama la atención es la virulenta campaña organizada por la derecha en contra de las candidaturas plurinominales o de representación proporcional, campaña en la ya participan conocidos periodistas, políticos e “intelectuales”. ¿Por qué tanta aversión y odio contra ellas, contra los diputados de representación proporcional o plurinominales? La respuesta es simple: por su origen, por su carácter y por su propósito.
Su origen, carácter y propósito.
El desarrollo de la Revolución Mexicana, en cuanto a la ampliación de nuestro régimen democrático se refiere, dio como uno de sus más importantes frutos los llamados diputados de partido, después denominados de representación proporcional o plurinominales, con el propósito de darle voz en el Poder Legislativo de la nación a quienes hasta entonces no la tenían: a la clase trabajadora y a sus representantes más avanzados, es decir, a la izquierda mexicana representada por el Partido Popular Socialista (PPS), hoy sin registro, pero vivo y en plena actividad, y por el Partido Comunista Mexicano (PCM).
Las diputaciones plurinominales no fueron un regalo, fueron producto auténtico y natural del proceso revolucionario mexicano, de la lucha, participación, sensibilidad y carácter progresista de todos sus actores políticos.
Está claro entonces el origen revolucionario y carácter progresista de este tipo de candidaturas, y por tanto también el odio que contra ella tiene la derecha, siempre contraria al progreso, a la ampliación del régimen democrático y a las conquistas que ha obtenido a lo largo de nuestra historia la clase trabajadora mexicana.
“Los diputados plurinominales no representan a nadie”, dicen los neoliberales; “no tienen compromisos con nadie”, aseguran; “son regalos a grupos y partidos sin fuerza y que tampoco representan a nadie”, afirman; “si esos partidos no son capaces de ganar por mayoría, no tienen derecho a tener representación en el Poder Legislativo y deberían desaparecer”, argumentan retadores, soberbios y seguros de su poder económico. Pretenden ignorar lo que son los partidos políticos, lo que cada uno representa, y el papel que juegan los diputados y senadores de los mismos en el Poder Legislativo de la nación.
¿A quiénes representan los partidos políticos?
Los partidos políticos representan a las clases sociales en las que se divide la sociedad, o a determinados sectores de las mismas. En nuestro país todos los partidos con registro representan a la burguesía, pero cada uno a diferentes capas o sectores de ella. El Partido (de) Acción Nacional (PAN) representa los intereses de la gran burguesía reaccionaria nacional ligada a las trasnacionales y al alto clero político, siendo además el principal impulsor de las políticas económicas neoliberales.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), auténticamente revolucionario en sus orígenes y progresista después, ha sido copado por los grupos neoliberales en su interior, y de defender los intereses de la burguesía nacional de mentalidad avanzada y de la pequeña burguesía, en los últimos años le ha dado la espalda a sus orígenes y al pueblo mexicano, y ha pasado a ser aliado de la derecha. Los grupos y elementos progresistas que pudieran existir en su interior se encuentran absolutamente desmoralizados, debilitados y divididos, careciendo de fuerza significativa en la actualidad.
Por lo que toca al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido del Trabajo (PT) y a Convergencia, aunque un poco más cercanos a los intereses de la clase trabajadora, representan a la pequeña burguesía nacional que ha sido duramente golpeada por la crisis y que se ha radicalizado por ello, y en su interior conviven, junto con los grupos progresistas mayoritarios, elementos de derecha que coquetean constantemente con el PAN y con los neoliberales en general, siendo ésta una de las razones principales que explica las posiciones y acciones que muchas veces toman, contrarias a los principios que dicen sustentar.
Viendo de esta manera las cosas, es absurdo pensar que un diputado o senador del PAN, o Salinas, Zedillo o Labastida del PRI, o “Los Chuchos” o Pablo Gómez del PRD, puedan representar los intereses de un obrero mexicano, de un campesino, de un empleado, de un maestro, de una sencilla ama de casa, de un profesionista o de cualquier mexicano que sólo posea sus manos y su inteligencia para sobrevivir, que somos la gran mayoría.
Es absurdo e infantil pensar que si el candidato a diputado por el que voté no ganó en mi Distrito Electoral, pueda yo ser representado en el Poder Legislativo por el diputado que triunfó por mayoría de votos en dicho distrito, puesto que éste sustenta, y defenderá, otros intereses, principios y programa, distintos a los que yo apoyé y elegí con mi voto razonado y consciente de acuerdo a la clase social a la que pertenezco.
¿A quienes representan los diputados plurinominales?
Así, los diputados plurinominales representan a ciudadanos de carne y hueso que votaron por determinado partido y programa, pero cuyo candidato no ganó por mayoría de votos el distrito o circunscripción electoral correspondiente, y que de otra manera no estarían representados en los Poderes de la nación y nadie llevaría a ellos su voz y su voluntad representada por su voto.
De no existir este tipo de candidaturas y de legisladores, el voto de estos millones de mexicanos sería prácticamente ignorado y en gran medida inútil, por lo que eliminarlos constituiría un grave atentado contra el derecho a la participación política del pueblo mexicano y contra el auténtico avance democrático, y seguramente elevaría aún más las de por sí abultadas cifras de abstencionismo, disminuyendo legitimidad y autoridad moral a los funcionarios electos y a los gobiernos a todos los niveles.
Por una reforma política y electoral de carácter progresista.
Una reforma política y electoral auténticamente progresista requiere, en primer lugar, que los mexicanos puedan ejercer realmente un voto libre y razonado: libre de manipulaciones previas, de amenazas y presiones de carácter material, económico y espiritual, tendiendo además acceso real a la información de lo que cada uno de los partidos políticos representa y propone.
Asimismo, precisa de fortalecer el carácter plural del régimen de partidos, cerrando el paso al bipartidismo o tripartidismo, sin injerencias de ninguna clase en la vida interna de los partidos por parte de organismos electorales o de los Poderes del Estado, y evitando en todo momento la discriminación de los mismos por motivo de la ideología que sustenten o de su régimen interno.
Indiscutiblemente se necesita también que los partidos políticos, como entidades de interés público que son, sean los actores centrales de todo proceso electoral, no el Estado ni los “ciudadanos” en abstracto.
Finalmente debe crearse un organismo público verdaderamente representativo y democrático que sea el encargado de organizar los procesos electorales, desde su inicio hasta el proceso de calificación de la elección.
Para ir avanzando en este camino deben tomarse medidas muy concretas, tales como:
1.- Desaparecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también llamado Tribunal Federal Electoral (Trife), así como el Instituto Federal Electoral (IFE), auténticos engendros neoliberales, creando en su lugar un organismo público encargado de los procesos electorales, desde su inicio hasta su calificación.
Este organismo deberá contar con un órgano superior de dirección integrado paritariamente por consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo y por cada uno de los partidos políticos nacionales, y que tendrá entre sus responsabilidades calificar las elecciones de diputados y senadores, así como declarar, cuando proceda, la validez de la elección de unos y otros.
Sus decisiones deberán ser tomadas de manera democrática por la mayoría de sus integrantes y, por lo que hace a la calificación, deberán ser definitivas e inatacables, y
2.- Avanzar aceleradamente hacia la representación proporcional integral, es decir, que todos los diputados y senadores sean electos por este principio, y de esta manera cada uno de los partidos políticos esté representado en el Poder Legislativo de la nación de acuerdo a su fuerza política y electoral real, y más mexicanos, por tanto, sientan que su voz es verdaderamente escuchada en los Poderes del Estado.
Conclusión.
En México no podrá haber una auténtica democracia, una nueva democracia, mientras el 80% de sus habitantes viva en la pobreza y en la miseria, mientras al partido que representa los intereses de la clase trabajadora se le excluya ilegalmente de la vida política y de la participación electoral con el pretexto gubernamental de que su ideología y su régimen interno son “antidemocráticos”, mientras los mexicanos no tengamos acceso real a la información de lo que proponen todos y cada uno de los partidos políticos, mientras existan instituciones antidemocráticas como el Trife y el IFE, y, por tanto, mientras podamos ser presa fácil de presiones y manipulaciones de todo tipo ejercidas por quienes ostentan el poder económico y político en nuestro país.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com
http://ababor-roberto.blogspot.com
Hasta antes del régimen de Miguel de la Madrid (1982-1988), la tendencia general en cuanto a lo político y electoral fue la de abrir espacios para las fuerzas progresistas y revolucionarias nacionales, democratizar el Poder Legislativo de la nación y fortalecer el carácter plural del régimen de partidos, reconociéndoles a éstos, en nuestra Carta Magna, su carácter de entidades de interés público.
Así, en 1963 surgió la figura jurídica de los diputados de partido, sustituyéndola en 1977 la de diputados de representación proporcional; en 1972 se redujo al 1.5% como mínimo de votación requerida para acreditar diputados de partido; en 1986 se incrementó el peso de la representación proporcional en relación a la mayoría relativa en la composición de la Cámara de Diputados, de un 25 a un 33%, y se elevó a los partidos políticos a rango constitucional considerándoseles entidades de interés público, reconociéndolos como actores fundamentales del proceso electoral y titulares de los derechos político-electorales, fortaleciéndose el régimen plural de partidos y propiciándose su presencia y participación en la vida política nacional.
Los “nuevos patricios”.
Sin embargo, actualmente, con la llegada de los neoliberales al poder, la tendencia es completamente contraria y a estas alturas en nuestra “democracia” sucede lo que en la de la Roma Antigua, en la que, de acuerdo a sus leyes, el “pueblo” o los “ciudadanos” gozaban de los mismos y plenos derechos; sin embargo, para dichas leyes los únicos que entraban en esa categoría eran los “patricios”, la clase privilegiada, porque los “plebeyos”, la gran mayoría, no eran considerados parte del “pueblo” y carecían de derechos civiles y políticos, y ni se diga de los esclavos, que eran tratados como animales o cosas; además, el voto, al que sólo tenían derecho los “patricios”, valía de acuerdo al poder económico del personaje que se tratara.
Los “nuevos plebeyos”.
En nuestro país, de acuerdo a la Constitución y a la legislación electoral, todos los “ciudadanos” gozamos del derecho a la participación política, a votar y ser votados, a organizarnos en partidos; sin embargo, la clase trabajadora, de la que forma parte la inmensa mayoría de los mexicanos, que en la realidad no es considerada por el gobierno panista como parte de la “ciudadanía”, carece de la posibilidad real de hacer política y de votar de manera libre y consciente en los procesos electorales, debido, en primer lugar, a la pobreza en que vive, y después a que sólo recibe la información que proviene de los partidos y candidatos con más poder económico y mayor difusión en los monopolios de la comunicación.
De esta manera, y como consecuencia de lo anterior, los trabajadores mexicanos, las mayorías, carecen de una auténtica representación en los diferentes órganos de poder, copados por los partidos que representan los intereses de las diferentes capas que forman la burguesía mexicana, pero principalmente por la gran burguesía neoliberal aliada del imperialismo norteamericano y a sus trasnacionales.
Debido a esta realidad, a las condiciones y circunstancias nacionales en las que se plantea, es que la reforma política propuesta por Calderón es una reforma a modo, viciada de origen y destinada a beneficiar a los modernos “patricios”, es decir, a los grupos neoliberales, principalmente al Partido (de) Acción Nacional, representante fiel de los intereses de la oligarquía nacional.
El decálogo.
Con su decálogo, Calderón pretende suprimir logros tan importantes para el auténtico avance democrático como los diputados de representación proporcional o plurinominales, intenta otorgar más espacios a los grupos de derecha con el disfraz de la “ciudadanización” de la política y, además, fortalecer la dictadura de la gran burguesía nacional a costa de la soberanía del Poder Legislativo y de su supeditación al Ejecutivo, proponiendo para este último “iniciativas preferentes” y la facultad de hacer observaciones parciales o totales a proyectos de ley aprobados por el Legislativo, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Ley de Ingresos, haciendo prácticamente obligatoria su aprobación con tales observaciones incluidas.
Reelección e iniciativa ciudadana.
Así, en estas circunstancias y dada la actual correlación de fuerzas desfavorable para quienes deseamos el progreso, y debido también a la marginación de la clase trabajadora y de su partido, propuestas como la reelección de diputados locales y federales, delegados y miembros de los Ayuntamientos, así como la de las iniciativas ciudadanas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de aprobarse, no serán en beneficio del pueblo mexicano pues en la práctica diaria, en la realidad, no podrán ser aprovechadas por éste ni por las organizaciones que representan sus legítimos intereses.
Candidaturas ciudadanas o independientes.
La propuesta de candidaturas “ciudadanas” o “independientes” nos trae a la mente a personajes tan nefastos como Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, pues fue gracias a esa figura jurídica que llegó al cargo con los resultados trágicos para ese pueblo hermano que todos conocemos.
Calderón asegura demagógicamente que estas candidaturas darán más poder de decisión a los “ciudadanos” y se lo restarán a los partidos políticos, a quienes acusa de mantener al país en la parálisis y sin las “profundas reformas” que según él necesitamos.
Sin embargo, la realidad es otra: mediante ellas pretende restar poder y prestigio a los partidos políticos distintos al PAN, pero fortalecer la posición ideológica y política de la derecha, y de los grupos neoliberales en general, porque ¿quiénes sino los muy ricos, y los narcos, podrían y tendrían la posibilidad de lanzarse como “candidatos independientes” o “ciudadanos”, o apoyar a éstos económicamente?, atrayendo de paso a ingenuos y a gente de buena fe que potencialmente podrían asumir posiciones progresistas; así, muy hábilmente, el gobierno canalizaría inconformidades a favor de la derecha.
La segunda vuelta electoral.
Por otro lado, la propuesta de una segunda vuelta electoral en la elección presidencial en caso de que ningún candidato alcance más del 50% de la votación, revela la demagogia y falta de congruencia y seriedad de Calderón y de su partido.
Ellos, que se dan golpes de pecho diciendo que las elecciones son muy caras, y critican cínica y agresivamente las alianzas cuando son de las fuerzas progresistas, calificándolas de oportunistas, con esta propuesta fomentan precisamente lo que dicen rechazar pues una segunda vuelta significaría un gasto mucho mayor en cuanto a lo electoral y, además, constituiría un auténtico paraíso para aquellos políticos sin principios, aventureros, oportunistas y negociantes de la política, que no perderían la oportunidad de venderse al mejor postor para dicha segunda vuelta electoral, y quienes los comprarían sería el PAN, la derecha, los neoliberales, los narcos y los grandes empresarios nacionales, sin duda alguna, pues son ellos quienes detentan el poder económico en el país.
Todos contra las plurinominales.
Sin embargo, lo que más llama la atención es la virulenta campaña organizada por la derecha en contra de las candidaturas plurinominales o de representación proporcional, campaña en la ya participan conocidos periodistas, políticos e “intelectuales”. ¿Por qué tanta aversión y odio contra ellas, contra los diputados de representación proporcional o plurinominales? La respuesta es simple: por su origen, por su carácter y por su propósito.
Su origen, carácter y propósito.
El desarrollo de la Revolución Mexicana, en cuanto a la ampliación de nuestro régimen democrático se refiere, dio como uno de sus más importantes frutos los llamados diputados de partido, después denominados de representación proporcional o plurinominales, con el propósito de darle voz en el Poder Legislativo de la nación a quienes hasta entonces no la tenían: a la clase trabajadora y a sus representantes más avanzados, es decir, a la izquierda mexicana representada por el Partido Popular Socialista (PPS), hoy sin registro, pero vivo y en plena actividad, y por el Partido Comunista Mexicano (PCM).
Las diputaciones plurinominales no fueron un regalo, fueron producto auténtico y natural del proceso revolucionario mexicano, de la lucha, participación, sensibilidad y carácter progresista de todos sus actores políticos.
Está claro entonces el origen revolucionario y carácter progresista de este tipo de candidaturas, y por tanto también el odio que contra ella tiene la derecha, siempre contraria al progreso, a la ampliación del régimen democrático y a las conquistas que ha obtenido a lo largo de nuestra historia la clase trabajadora mexicana.
“Los diputados plurinominales no representan a nadie”, dicen los neoliberales; “no tienen compromisos con nadie”, aseguran; “son regalos a grupos y partidos sin fuerza y que tampoco representan a nadie”, afirman; “si esos partidos no son capaces de ganar por mayoría, no tienen derecho a tener representación en el Poder Legislativo y deberían desaparecer”, argumentan retadores, soberbios y seguros de su poder económico. Pretenden ignorar lo que son los partidos políticos, lo que cada uno representa, y el papel que juegan los diputados y senadores de los mismos en el Poder Legislativo de la nación.
¿A quiénes representan los partidos políticos?
Los partidos políticos representan a las clases sociales en las que se divide la sociedad, o a determinados sectores de las mismas. En nuestro país todos los partidos con registro representan a la burguesía, pero cada uno a diferentes capas o sectores de ella. El Partido (de) Acción Nacional (PAN) representa los intereses de la gran burguesía reaccionaria nacional ligada a las trasnacionales y al alto clero político, siendo además el principal impulsor de las políticas económicas neoliberales.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), auténticamente revolucionario en sus orígenes y progresista después, ha sido copado por los grupos neoliberales en su interior, y de defender los intereses de la burguesía nacional de mentalidad avanzada y de la pequeña burguesía, en los últimos años le ha dado la espalda a sus orígenes y al pueblo mexicano, y ha pasado a ser aliado de la derecha. Los grupos y elementos progresistas que pudieran existir en su interior se encuentran absolutamente desmoralizados, debilitados y divididos, careciendo de fuerza significativa en la actualidad.
Por lo que toca al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido del Trabajo (PT) y a Convergencia, aunque un poco más cercanos a los intereses de la clase trabajadora, representan a la pequeña burguesía nacional que ha sido duramente golpeada por la crisis y que se ha radicalizado por ello, y en su interior conviven, junto con los grupos progresistas mayoritarios, elementos de derecha que coquetean constantemente con el PAN y con los neoliberales en general, siendo ésta una de las razones principales que explica las posiciones y acciones que muchas veces toman, contrarias a los principios que dicen sustentar.
Viendo de esta manera las cosas, es absurdo pensar que un diputado o senador del PAN, o Salinas, Zedillo o Labastida del PRI, o “Los Chuchos” o Pablo Gómez del PRD, puedan representar los intereses de un obrero mexicano, de un campesino, de un empleado, de un maestro, de una sencilla ama de casa, de un profesionista o de cualquier mexicano que sólo posea sus manos y su inteligencia para sobrevivir, que somos la gran mayoría.
Es absurdo e infantil pensar que si el candidato a diputado por el que voté no ganó en mi Distrito Electoral, pueda yo ser representado en el Poder Legislativo por el diputado que triunfó por mayoría de votos en dicho distrito, puesto que éste sustenta, y defenderá, otros intereses, principios y programa, distintos a los que yo apoyé y elegí con mi voto razonado y consciente de acuerdo a la clase social a la que pertenezco.
¿A quienes representan los diputados plurinominales?
Así, los diputados plurinominales representan a ciudadanos de carne y hueso que votaron por determinado partido y programa, pero cuyo candidato no ganó por mayoría de votos el distrito o circunscripción electoral correspondiente, y que de otra manera no estarían representados en los Poderes de la nación y nadie llevaría a ellos su voz y su voluntad representada por su voto.
De no existir este tipo de candidaturas y de legisladores, el voto de estos millones de mexicanos sería prácticamente ignorado y en gran medida inútil, por lo que eliminarlos constituiría un grave atentado contra el derecho a la participación política del pueblo mexicano y contra el auténtico avance democrático, y seguramente elevaría aún más las de por sí abultadas cifras de abstencionismo, disminuyendo legitimidad y autoridad moral a los funcionarios electos y a los gobiernos a todos los niveles.
Por una reforma política y electoral de carácter progresista.
Una reforma política y electoral auténticamente progresista requiere, en primer lugar, que los mexicanos puedan ejercer realmente un voto libre y razonado: libre de manipulaciones previas, de amenazas y presiones de carácter material, económico y espiritual, tendiendo además acceso real a la información de lo que cada uno de los partidos políticos representa y propone.
Asimismo, precisa de fortalecer el carácter plural del régimen de partidos, cerrando el paso al bipartidismo o tripartidismo, sin injerencias de ninguna clase en la vida interna de los partidos por parte de organismos electorales o de los Poderes del Estado, y evitando en todo momento la discriminación de los mismos por motivo de la ideología que sustenten o de su régimen interno.
Indiscutiblemente se necesita también que los partidos políticos, como entidades de interés público que son, sean los actores centrales de todo proceso electoral, no el Estado ni los “ciudadanos” en abstracto.
Finalmente debe crearse un organismo público verdaderamente representativo y democrático que sea el encargado de organizar los procesos electorales, desde su inicio hasta el proceso de calificación de la elección.
Para ir avanzando en este camino deben tomarse medidas muy concretas, tales como:
1.- Desaparecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también llamado Tribunal Federal Electoral (Trife), así como el Instituto Federal Electoral (IFE), auténticos engendros neoliberales, creando en su lugar un organismo público encargado de los procesos electorales, desde su inicio hasta su calificación.
Este organismo deberá contar con un órgano superior de dirección integrado paritariamente por consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo y por cada uno de los partidos políticos nacionales, y que tendrá entre sus responsabilidades calificar las elecciones de diputados y senadores, así como declarar, cuando proceda, la validez de la elección de unos y otros.
Sus decisiones deberán ser tomadas de manera democrática por la mayoría de sus integrantes y, por lo que hace a la calificación, deberán ser definitivas e inatacables, y
2.- Avanzar aceleradamente hacia la representación proporcional integral, es decir, que todos los diputados y senadores sean electos por este principio, y de esta manera cada uno de los partidos políticos esté representado en el Poder Legislativo de la nación de acuerdo a su fuerza política y electoral real, y más mexicanos, por tanto, sientan que su voz es verdaderamente escuchada en los Poderes del Estado.
Conclusión.
En México no podrá haber una auténtica democracia, una nueva democracia, mientras el 80% de sus habitantes viva en la pobreza y en la miseria, mientras al partido que representa los intereses de la clase trabajadora se le excluya ilegalmente de la vida política y de la participación electoral con el pretexto gubernamental de que su ideología y su régimen interno son “antidemocráticos”, mientras los mexicanos no tengamos acceso real a la información de lo que proponen todos y cada uno de los partidos políticos, mientras existan instituciones antidemocráticas como el Trife y el IFE, y, por tanto, mientras podamos ser presa fácil de presiones y manipulaciones de todo tipo ejercidas por quienes ostentan el poder económico y político en nuestro país.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com
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