Por Roberto ESCAMILLA PÉREZ
“Por caro que
parezca el seguro social,
resulta menos
gravoso que los riesgos de una revolución”.
Otto von Bismarck,
“El Canciller de Hierro”
Desde
siempre, las clases dominantes han pretendido imponer al resto de la sociedad
el concepto de que el Estado es un ente neutral, que se encuentra por encima de
las clases sociales y de sus intereses, que es un instrumento para la
aplicación de la justicia, y que su propósito es resguardar el orden público y
procurar el “bien común”.
Sin
embargo, la experiencia histórica y la realidad actual siguen demostrando que
el Estado es el instrumento utilizado por la clase social dominante para
imponer sus conceptos e intereses sobre el resto de la sociedad, utilizando
para ello todos los elementos a su alcance, desde los legales hasta la represión,
y el crimen.
La seguridad
social surgida de la Revolución Mexicana
El
Estado surgido de la Revolución Mexicana fue un instrumento para la defensa de
los intereses de la burguesía nacional en ascenso, pero también, por las
circunstancias particulares de nuestro país y gracias a quienes participaron en
la etapa armada de nuestro movimiento revolucionario (indígenas, obreros,
campesinos e intelectuales revolucionarios), incluyó, en sus leyes e
instituciones, los más sentidos anhelos de las masas populares.
Uno
de dichos anhelos fue la seguridad social, entendiendo ésta como un elemento
fundamental para la procuración de la salud del pueblo mexicano y de todos los
elementos necesarios que le brindaran seguridad y una vida digna, desde el
nacimiento hasta la vejez.
Hasta
antes del golpe de Estado incruento perpetrado por los neoliberales en los
ochentas del siglo pasado en contra de las instituciones surgidas de la
Revolución Mexicana, la seguridad social, fundamentada en los artículos 4º y 123
constitucionales, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social,
garantizaba a millones de mexicanos una atención digna y de calidad en los
cientos de clínicas y hospitales existentes a todo lo largo y ancho de la
República Mexicana.
De
acuerdo a nuestras leyes, la seguridad social incluye el seguro de enfermedad y
maternidad, que garantiza atención médica, quirúrgica, farmacéutica y
hospitalaria desde el primero hasta el tercer nivel, ayuda para lactancia y
subsidios por incapacidades temporales, además de seguro de riesgos de trabajo,
seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y vejez, prestaciones sociales y
seguro de guardería, entre otros derechos.
Sin
embargo, muchos de ellos han sido acotados y reducidos, o hasta anulados en la
práctica por los gobiernos neoliberales debido a contrarreformas hechas a
nuestras leyes, a la privatización sistemática de la seguridad social, a la
criminal reducción del presupuesto destinado a la salud, y a la corrupción y el
debilitamiento intencional de las instituciones de salud a partir de 1982, con
Miguel de la Madrid Hurtado.
Universalizar la
enfermedad, proyecto de Peña Nieto.
De
la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, ya hicieron su parte en su
propósito de privatizar las instituciones de salud públicas y en privar a los
mexicanos de su derecho a una vida y muerte dignas, pues, entre otras cosas,
además del cada vez más pobre presupuesto destinado a proteger la salud de los
mexicanos, elevaron el número de semanas de cotización y la edad para tener
derecho a una pensión, privatizaron los ahorros de millones de trabajadores con
la creación de las llamadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores),
que se quedan hasta con una cuarta parte del dinero de los cotizantes sin
arriesgar absolutamente nada.
Pero
los neoliberales fundamentalistas del Partido Acción Nacional (PAN) y del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Peña Nieto al frente, y hasta
los “neoliberales de izquierda”, encabezados por “Los Chuchos” perredistas, van
por todo, ahora con el llamado “Sistema Nacional de Salud Universal”, “sistema
único de salud” o “universalidad” del sistema de salud.
¿Qué
pretende Peña Nieto con esta iniciativa? ¿Realmente universalizar la atención a
la salud? No, más bien universalizar la enfermedad porque, entre otras cosas,
habría una reducción de beneficios en pensiones, servicios médicos y
prestaciones sociales, esto al degradar la atención médica del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al paquete del Seguro
Popular, además, los jóvenes necesitarían muchos más años de cotización y se
ajustarían las pensiones a una universal de mil 92 pesos.
Se dejarán
fuera problemas de salud frecuentes, como la insuficiencia renal crónica
y muchos cánceres, y los asegurados deberán pagar por la atención de dichas
enfermedades en las unidades médicas públicas o privadas pues con esta contrarreforma
los derechohabientes solo podrán acceder a un paquete que únicamente incluirá
285 enfermedades, al contrario de lo que sucede hasta ahora en el IMSS y el
ISSSTE, instituciones que están obligadas por ley a atender todos los
padecimientos y prestar todos los servicios de manera gratuita.
Asimismo,
la reforma de salud de Peña Nieto castigará a niños, discapacitados, enfermos
crónicos y pobres, porque para los neoliberales son una pesada e indeseable
“carga”, por lo que anularía en la práctica el derecho a la salud de los
mexicanos, reduciendo la atención pública e impulsando a quienes están ansiosos
por lucrar y hacer un gran negocio con las enfermedades del pueblo.
De
esta manera, de aprobarse la propuesta de Peña Nieto, ¿cuántos mexicanos que
padecen alguna discapacidad, cáncer, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia
renal, entre otras enfermedades graves y crónicas, podrían costearse sus
tratamientos en hospitales y clínicas privadas, y adquirir los costosos
medicamentos? ¿Cuántas personas de edad avanzada podrían hacerlo? Muy pocas.
Así, millones de mexicanos estarían condenados a una muerte prematura y en
medio de grandes dolores, todo ante la impotencia y el sufrimiento de sus
familias.
El viacrucis
diario y real de los derechohabientes
¿A
qué se enfrentan diariamente los derechohabientes cuando acuden a una clínica,
hospital o institución de salud del Estado? A la carencia de medicamentos o a
la mala calidad de los mismos; a largos tiempos de espera en instalaciones
insalubres y oscuras, sin aire acondicionado donde se requiere; a la falta de
médicos especialistas; a la insuficiencia del equipo necesario para la
realización de los diferentes estudios y análisis clínicos; a la poca capacidad
de algunos médicos y a la mala atención por parte del personal administrativo;
a meses de espera para un estudio o cita con un médico especialista, aunque de
ellos dependa la vida del paciente, etcétera.
Es
claro que esta problemática no se debe a que las instituciones de salud pública
sean malas y a que el Estado no tenga la capacidad para administrarlas, como
señalan los mismos neoliberales, y la gran burguesía nacional y trasnacional,
sino a que quienes nos gobiernan, lejos de estar interesados en resolver los
problemas del pueblo y de la nación, únicamente obedecen los dictados del Banco
Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), encaminados a
privatizar la seguridad social.
De
continuar por este camino, la seguridad social desaparecerá en la práctica y
las instituciones de salud públicas terminarán atendiendo únicamente diarreas,
catarros, dolores de cabeza y colocando “curitas”, con medicamentos de tercera,
y miles de trabajadores de la salud irán a engrosar las filas de los
desempleados.
La
“universalidad” que necesitamos
Es
verdad, los mexicanos requerimos urgentemente un sistema universal de salud que
realmente cumpla con los objetivos de atender de manera eficiente e integral
los problemas de salud de los mexicanos, y de asegurar para todos una vida
digna, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte.
Por
ello, el sistema universal de salud que necesitamos tendría que cumplir, como
mínimo, con los siguientes requisitos:
1.-
Un incremento sustancial y real al presupuesto destinado a la salud y a la
seguridad social.
2.-
El respeto a los derechos y logros de todos los trabajadores de la salud,
plasmados en sus contratos colectivos de trabajo.
3.-
Deberá abarcar a todos los mexicanos e incluir todas y cada una de las
prestaciones que actualmente se contemplan.
4.-
Que no se excluya de ella ninguna enfermedad por muy oneroso que su tratamiento
parezca, teniendo que ser financiada en su totalidad por el Estado y no por el
derechohabiente, paciente o enfermo.
5.-
Que los montos, topes o niveles de estas prestaciones no bajen, por lo
contrario, sean las óptimas, las mejores, para asegurar al beneficiario y a su
familia un nivel de vida digno y decoroso.
4.-
Mejorar las instalaciones y equipamiento a niveles equivalentes a la
institución, clínica u hospital que mejores condiciones tenga.
5.-
Que desde el Presidente de la República, hasta el más humilde empleado público,
incluidos por supuesto diputados federales, senadores e integrantes de la
Suprema Corte de Justicia, funcionarios a todos los niveles de cualquier
dependencia federal, estatal y municipal, sean incluidos en este esquema de
universalización y les sean anulados cualquier clase de seguro, atención o
prestación médica privadas.
Es
claro que medidas como las anteriores no serán tomadas por el actual gobierno
encabezado por Peña Nieto, ni por ningún otro que base sus acciones en el
neoliberalismo, por ello la necesidad urgente de lograr la unidad de todas las
fuerzas progresistas del país para derrotar y sacar del poder a quienes hoy lo
detentan antes de que la sangre llegue al río.
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