Por
Roberto Escamilla Pérez.
El
pasado 26 de septiembre, tres jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, Guerrero, fueron asesinados, y 43 más están desaparecidos, y ante
la exigencia de millones de mexicanos de que los regresen con vida, Peña Nieto,
los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido (de)
Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los
grandes empresarios y el alto clero político, responden que todo debe ser por
la vía de la ley, pacífica, y a través del diálogo, porque incendiar edificios
y automóviles, bloquear carreteras, tomar casetas y aeropuertos, son acciones
“violentas” y que tienen por objetivo la “desestabilización” del país, y
detener su “camino” al progreso y desarrollo ya trazado por el Gobierno Federal
y el Estado.
Los hechos
Un
análisis de los hechos nos muestra claramente que si bien cualquier crimen es
condenable, el de estos tres jóvenes estudiantes hijos de campesinos y la
desaparición de otros 43, por sus características, constituye un hecho
aberrante, propio de bestias, y que muestra la degradación social que los
gobiernos neoliberales, desde 1982, han generado en nuestro país.
Además,
constituye un crimen de Estado porque en él intervinieron, por acción o por
omisión, autoridades, funcionarios e instituciones de los tres niveles de
gobierno, en complicidad con la delincuencia organizada, e igualmente porque ha
sido el Estado neoliberal, instituido a partir del régimen de Miguel de la
Madrid, el responsable de la situación económica, política y social que sirvió
como caldo de cultivo para la consumación de este monstruoso crimen, y de
muchos otros más que no es necesario recordar por ahora.
Por
otra parte, aunque no estemos de acuerdo con acciones como la destrucción o
quema de oficinas o de vehículos, Peña Nieto, el Estado, el Gobierno, y sus
partidos, como el PRI, el PAN y el PRD, carecen de autoridad moral alguna para
condenar estas acciones y calificarlas como “desestabilizadoras”, porque: ¿Qué
puede ser más desestabilizador que vender las empresas, bienes y recursos
naturales de la nación?
En
una actitud violenta, ilegal y desestabilizadora, desde 1982 los gobiernos
neoliberales, el Estado neoliberal, y sus partidos, han “incendiado” y
destruido miles de empresas propiedad de todos los mexicanos, y han
“bloqueado”, no carreteras, sino el mismo desarrollo económico independiente
del país y el progreso del pueblo mexicano, entregando nuestras riquezas a los
grandes empresarios nacionales y extranjeros, y sumiendo en la más horrible
pobreza a millones de mexicanos, y en una inseguridad que infunde terror.
¿No
ahora mismo el Gobierno Federal está “incendiando” Petróleos Mexicanos (PEMEX),
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la educación pública y la Seguridad
Social? ¿No es esto violencia contra el pueblo? ¿No por ella mueren diariamente
decenas de mexicanos asesinados o por enfermedades producto de la pobreza y la desnutrición,
así como por la nula o pésima atención médica?
Los provocadores
Finalmente,
los responsables de los hechos “violentos” ocurridos en las recientes
manifestaciones pacíficas, están bien identificados y, como en el caso de los
delincuentes que mataron y secuestraron a los normalistas, en muchas ocasiones
son utilizados por el propio gobierno para romper huelgas, como provocadores,
para golpear a quienes se manifiestan pacíficamente, desprestigiar a los movimientos
progresistas, desviar la atención de los asuntos fundamentales, y por funcionarios,
políticos y político-empresarios, en su lucha por obtener o ascender a cargos
públicos, y hasta para matarse unos a otros.
Por
supuesto, los verdaderos actores de estas acciones violentas pocas veces son
detenidos, y nunca procesados o castigados por las autoridades, pero sí lo
hacen con jóvenes o ciudadanos inexpertos e ingenuos, que al calor de los
hechos y por justa indignación, sin saberlo se ven envueltos en la trampa de la
violencia y en la vorágine de los acontecimientos.
Con
estos actos de provocación, el gobierno neoliberal también pretende infundir
miedo entre el pueblo, y disuadirlo, a través del terror, de que éste continúe
organizándose y manifestándose pacíficamente.
La
responsabilidad del Estado
En
suma, el gobierno de Peña Nieto, el Estado y sus tres partidos, PRI, PAN y PRD,
son los directos y únicos responsables de la muerte de los tres normalistas de
Ayotzinapa y de la desaparición de 43 de ellos.
Primero
porque intervinieron directamente un gobierno municipal y su policía, después
por omisiones del Gobierno del Estado, y porque no actuaron ni la policía
estatal, ni la federal, ni el Ejército para evitar el crimen.
Además,
porque Peña Nieto es el jefe del Ejecutivo y actuó (y sigue haciéndolo) de
manera negligente y omisa respecto a estos hechos, lo mismo que las autoridades
federales de Gobernación y de Justicia, que sabían de los antecedentes de los
directamente implicados
Finalmente,
porque por más de 32 años, con la aplicación de las políticas económicas
neoliberales, el Estado ha creado el caldo de cultivo perfecto para que ocurran
esta clase de actos abominables.
Correo
electrónico: a_babor@hotmail.com
