Por: Roberto ESCAMILLA PÉREZ.
“Los invasores de tierras son campesinos que carecen de ellas, o individuos miserables que se meten en cualquier lugar porque no tienen trabajo ni sustento a la vista. Pero hay otra clase de invasores de tierra que no sólo no son desalojados, sino que tienen buenos padrinos. Son los “paracaidistas” ricos, que se están multiplicando por la inmunidad de que disfrutan”
Vicente Lombardo Toledano (1964)
El problema de la tierra, del campo, sería un asunto muy sencillo de resolver si se viera desde el punto de vista de los intereses del pueblo y de la nación mexicana, si se le busca una solución en el sentido progresista y revolucionario.
Sin embargo, si se pretende ir hacia atrás, hacia etapas ya superadas por los mexicanos, la situación se complica para quienes gobiernan, porque tienen que mentir, violar la ley, corromper y corromperse, reprimir y actuar en contra de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo para favorecer a unos cuantos, aún contra principios e instituciones que forjaron nuestra nación, lo que siempre genera miseria, descontento y, finalmente, violencia.
La propiedad de la tierra
Cuando los españoles descubrieron este continente, en 1492, quienes habitaban el territorio que hoy ocupa nuestro país, los indígenas de diversos clanes y tribus, no conocían la propiedad privada, y las tierras, que constituían el altaplalli, eran de la comunidad y trabajadas por la comunidad para beneficio de todos sus integrantes; constituían, pues, una propiedad común, colectiva.
Los colonizadores los despojaron de ellas y las convirtieron en propiedad privada, bajo la forma de enormes latifundios, quedando en manos de unos cuantos para beneficio del poder peninsular solamente, a grado tal que, en 1804, el propio obispo de Valladolid, Manuel Abad y Queipo (el mismo que excomulgó a Hidalgo), consignaba que existían 10 mil haciendas y 20 mil propietarios. Con este despojo, los indígenas se convirtieron en esclavos, y en parias en su propia tierra.
Así, a partir de ese momento la lucha de las fuerzas progresistas y revolucionarias fue por restituir las tierras a sus originales y legítimos propietarios, y dotar de ellas a las nuevas generaciones de campesinos, esto en oposición a las fuerzas reaccionarias y a las clases privilegiadas, que siempre han visto a la tierra, y a su acaparamiento, sólo como un jugoso negocio, y no como palanca para lograr el verdadero progreso.
Durante la lucha por la independencia, Hidalgo y Morelos, según consta en sus proclamas, programas y decretos, lucharon porque les fueran devueltas sus tierras a las comunidades indígenas; Morelos puso límites a la propiedad de la tierra, ordenó el fraccionamiento de los latifundios y definió lo que debía ser la pequeña propiedad.
La Revolución de Reforma, encabezada por Benito Juárez (1806-1872), destruyó una parte de la estructura feudal, base de la economía en ese momento: el latifundismo eclesiástico, es decir, el enorme acaparamiento de tierras (ociosas muchas de ellas) por parte de la Iglesia Católica.
Asimismo, en esta lucha permanente por hacer justicia a los hombres del campo y a las comunidades despojadas de sus tierras, muchas fueron las voces que se alzaron durante el Congreso Constituyente de 1856-1857, como la de Ponciano Arriaga, que propuso dotar de tierras a los pueblos.
La Revolución Mexicana y el problema de la tierra
Durante el Porfiriato (1876-1911), las grandes haciendas se tragaron a los pueblos y a las comunidades, y la extensión de los latifundios podía igualarse a la de los países de Centroamérica y de Europa, pues el 95% del territorio nacional estaba en manos del 1% de la población.
Por ello, durante la etapa armada de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, fueron las masas rurales, formadas por campesinos, indígenas, peones, vaqueros y demás trabajadores del campo, encabezadas por Emiliano Zapata (en el centro y sur) y por Francisco Villa (en el norte), las que ofrendaron su vida y tiñeron de sangre la misma tierra por la que lucharon.
Así, los líderes de la Revolución y los Constituyentes de 1917, por convicción, pero también por necesidad histórica y por exigencia de las propias masas rurales y de sus caudillos, plasmaron en el Artículo 27 de la Constitución sus demandas históricas y anhelos más sentidos.
Dicho artículo, junto con la Ley Agraria, señalaban, entre otras cosas, la propiedad originaria de la Nación sobre todos los recursos y riquezas nacionales, incluida la tierra, además, obligaban al Estado a repartir la misma para constituir los ejidos, cuyos integrantes gozarían de su usufructo, no de su propiedad, dándole al ejido el carácter de inalienable, inembargable e imprescriptible.
El ejido, una de las instituciones más importantes creadas por la Revolución Mexicana, nace entonces de los más profundos anhelos del pueblo mexicano y hunde sus raíces en su historia. No fue un invento, ni surgió por el capricho de unos cuantos.
De esta manera, los Constituyentes pretendían evitar el resurgimiento de los latifundios, consolidar nuestra integridad territorial e independencia nacional, sentar las bases para nuestro desarrollo industrial, lograr nuestra independencia alimentaria y la elevación del nivel de las empobrecidas masas rurales.
La Reforma Agraria
Entonces, con el triunfo de la Revolución Mexicana dio inicio la Reforma Agraria, que se propuso, lográndolo hasta los años ochentas del siglo pasado, una transformación profunda del campo mexicano: elevó el nivel de vida de las masas rurales, se destruyeron la inmensa mayoría de los latifundios, repartiéndose las tierras entre los campesinos para crear los ejidos, y se inició la tecnificación del campo con la introducción de sistemas de riego y maquinaria, todo lo cual permitió la industrialización del país.
Sin embargo, la Reforma Agraria, el reparto de tierras y el ejido se enfrentaron a innumerables obstáculos y traiciones, y tuvieron siempre enemigos poderosos, dentro y fuera del gobierno, que impidieron su aplicación plena e integral, y, por tanto, el logro cabal de sus objetivos.
En primer lugar, nunca se definieron correctamente, ni se respetaron, los límites de la pequeña propiedad, dando lugar a la existencia de latifundios simulados; muchos gobernadores de los estados obstaculizaron desde siempre el reparto de tierras, convirtiéndose ellos mismos, y sus grupos, en verdaderos terratenientes; indebidamente, se pusieron en manos de particulares los distritos de riego.
Asimismo, se entregaron certificados de inafectabilidad agraria a terratenientes; se dieron concesiones de tierra para ganadería hasta por 25 años, sustrayendo grandes extensiones de tierra de la reforma agraria; se concedió el derecho de amparo para los terratenientes, en febrero de 1947; no se tomaron medidas eficaces para transformar la ganadería extensiva en intensiva; se dio un sucio comercio, por parte de funcionarios públicos menores, de las solicitudes de tierra de los campesinos y sus procedimientos, que prolongaban indefinidamente.
Igualmente constituyeron una gran traición a la Reforma Agraria las deformaciones que la administración pública, de la Federación y de los Estados, ha hecho del artículo 27; las jurisprudencias contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la apatía de las autoridades federales para convertir al ejido en una unidad productiva integral, donde se diera valor agregado a los productos del campo mediante la constitución de industrias, la aplicación de los avances científicos y tecnológicos, y la capacitación de los ejidatarios, aprovechándose al 100 por ciento su tiempo y capacidades.
Los neoliberales y los problemas del campo
El año de 1982 marcó la llegada al poder de los enemigos abiertos del ejido y de la Reforma Agraria, y con ello inició su destrucción.
Pero fue durante el gobierno de Salinas de Gortari, a través de una iniciativa de éste, que en 1991 los diputados panistas y priístas de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados les dieron el tiro de gracia con las contrarreformas que aprobaron al artículo 27 constitucional, que quitaron al ejido sus características de inalienable, inembargable e imprescriptible, para convertir la tierra en una mercancía y dársela en propiedad a los campesinos, con la facultad de poder venderla al mejor postor.
Vino después la declaratoria, por Salinas también, del fin del reparto agrario, y la aprobación de la nueva Ley Agraria, igualmente reaccionaria.
Posteriormente se crearon instrumentos como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), una verdadera trampa, un engaño, para los empobrecidos hombres del campo, quienes hoy, ante su cada vez mayor miseria y para cubrir sus necesidades básicas, se ven obligados a vender sus tierras a los nuevos latifundistas, a quienes el Gobierno Federal provee de todas las facilidades para hacer producir la tierra, lo que nunca hizo con los ejidos.
Hoy vivimos las consecuencias de estas contrarreformas en el campo: el resurgimiento de los latifundios, no sólo en manos de nacionales, sino hasta de extranjeros, lo que pone en eminente peligro nuestra integridad territorial; una grave crisis alimentaria, con la creciente importación de granos y demás productos del campo; aumento de los conflictos por tierra, del descontento entre los campesinos y una creciente miseria de las masas rurales, que cada vez en mayor número deciden emigrar a los Estados Unidos o incorporarse a las filas de la delincuencia organizada.
Unidad y lucha
Ante esta grave situación, sólo la unidad de los campesinos y de sus diferentes organizaciones les podrá permitir enfrentar esta enorme embestida de los neoliberales en contra de sus legítimos intereses, anhelos y derechos.
Además, urge la unidad entre obreros y campesinos, porque es bueno luchar por un sistema de riego, por un crédito o por un seguro agrícola, pero si el pueblo trabajador de la ciudad y del campo no combate unido la política económica neoliberal en todos los frentes, cualquier conquista particular lograda por un campesino, o por un grupo de ellos, constituiría sólo un paliativo temporal que no resolvería el problema de fondo, que es precisamente la política reaccionaria que el gobierno federal panista aplica, no sólo en el campo, sino en todos los aspectos de la vida nacional.
La demanda principal deberá ser entonces el que se retome el espíritu y la letra originales del Artículo 27 de la Constitución, y en base a esto construir una política para el campo de carácter progresista, que busque la reconstrucción de los ejidos como centros integrales y modernos de producción, donde se aplique la ciencia y la tecnología para dar valor agregado a sus productos, y trabajo a todos los ejidatarios durante todo el año.
Además, deberá ser una política que promueva la autosuficiencia alimentaria; que planifique la producción en el campo mexicano; que oriente créditos oportunos y baratos para los ejidatarios y campesinos, obligando a la banca a hacerlo, o de plano nacionalizando el crédito, todo con el propósito de logar la autosuficiencia alimentaria de la nación y elevar el nivel de vida del pueblo, pero principalmente de los hombres y mujeres del campo.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com
http://ababor-roberto.blogspot.com
“Los invasores de tierras son campesinos que carecen de ellas, o individuos miserables que se meten en cualquier lugar porque no tienen trabajo ni sustento a la vista. Pero hay otra clase de invasores de tierra que no sólo no son desalojados, sino que tienen buenos padrinos. Son los “paracaidistas” ricos, que se están multiplicando por la inmunidad de que disfrutan”
Vicente Lombardo Toledano (1964)
El problema de la tierra, del campo, sería un asunto muy sencillo de resolver si se viera desde el punto de vista de los intereses del pueblo y de la nación mexicana, si se le busca una solución en el sentido progresista y revolucionario.
Sin embargo, si se pretende ir hacia atrás, hacia etapas ya superadas por los mexicanos, la situación se complica para quienes gobiernan, porque tienen que mentir, violar la ley, corromper y corromperse, reprimir y actuar en contra de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo para favorecer a unos cuantos, aún contra principios e instituciones que forjaron nuestra nación, lo que siempre genera miseria, descontento y, finalmente, violencia.
La propiedad de la tierra
Cuando los españoles descubrieron este continente, en 1492, quienes habitaban el territorio que hoy ocupa nuestro país, los indígenas de diversos clanes y tribus, no conocían la propiedad privada, y las tierras, que constituían el altaplalli, eran de la comunidad y trabajadas por la comunidad para beneficio de todos sus integrantes; constituían, pues, una propiedad común, colectiva.
Los colonizadores los despojaron de ellas y las convirtieron en propiedad privada, bajo la forma de enormes latifundios, quedando en manos de unos cuantos para beneficio del poder peninsular solamente, a grado tal que, en 1804, el propio obispo de Valladolid, Manuel Abad y Queipo (el mismo que excomulgó a Hidalgo), consignaba que existían 10 mil haciendas y 20 mil propietarios. Con este despojo, los indígenas se convirtieron en esclavos, y en parias en su propia tierra.
Así, a partir de ese momento la lucha de las fuerzas progresistas y revolucionarias fue por restituir las tierras a sus originales y legítimos propietarios, y dotar de ellas a las nuevas generaciones de campesinos, esto en oposición a las fuerzas reaccionarias y a las clases privilegiadas, que siempre han visto a la tierra, y a su acaparamiento, sólo como un jugoso negocio, y no como palanca para lograr el verdadero progreso.
Durante la lucha por la independencia, Hidalgo y Morelos, según consta en sus proclamas, programas y decretos, lucharon porque les fueran devueltas sus tierras a las comunidades indígenas; Morelos puso límites a la propiedad de la tierra, ordenó el fraccionamiento de los latifundios y definió lo que debía ser la pequeña propiedad.
La Revolución de Reforma, encabezada por Benito Juárez (1806-1872), destruyó una parte de la estructura feudal, base de la economía en ese momento: el latifundismo eclesiástico, es decir, el enorme acaparamiento de tierras (ociosas muchas de ellas) por parte de la Iglesia Católica.
Asimismo, en esta lucha permanente por hacer justicia a los hombres del campo y a las comunidades despojadas de sus tierras, muchas fueron las voces que se alzaron durante el Congreso Constituyente de 1856-1857, como la de Ponciano Arriaga, que propuso dotar de tierras a los pueblos.
La Revolución Mexicana y el problema de la tierra
Durante el Porfiriato (1876-1911), las grandes haciendas se tragaron a los pueblos y a las comunidades, y la extensión de los latifundios podía igualarse a la de los países de Centroamérica y de Europa, pues el 95% del territorio nacional estaba en manos del 1% de la población.
Por ello, durante la etapa armada de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, fueron las masas rurales, formadas por campesinos, indígenas, peones, vaqueros y demás trabajadores del campo, encabezadas por Emiliano Zapata (en el centro y sur) y por Francisco Villa (en el norte), las que ofrendaron su vida y tiñeron de sangre la misma tierra por la que lucharon.
Así, los líderes de la Revolución y los Constituyentes de 1917, por convicción, pero también por necesidad histórica y por exigencia de las propias masas rurales y de sus caudillos, plasmaron en el Artículo 27 de la Constitución sus demandas históricas y anhelos más sentidos.
Dicho artículo, junto con la Ley Agraria, señalaban, entre otras cosas, la propiedad originaria de la Nación sobre todos los recursos y riquezas nacionales, incluida la tierra, además, obligaban al Estado a repartir la misma para constituir los ejidos, cuyos integrantes gozarían de su usufructo, no de su propiedad, dándole al ejido el carácter de inalienable, inembargable e imprescriptible.
El ejido, una de las instituciones más importantes creadas por la Revolución Mexicana, nace entonces de los más profundos anhelos del pueblo mexicano y hunde sus raíces en su historia. No fue un invento, ni surgió por el capricho de unos cuantos.
De esta manera, los Constituyentes pretendían evitar el resurgimiento de los latifundios, consolidar nuestra integridad territorial e independencia nacional, sentar las bases para nuestro desarrollo industrial, lograr nuestra independencia alimentaria y la elevación del nivel de las empobrecidas masas rurales.
La Reforma Agraria
Entonces, con el triunfo de la Revolución Mexicana dio inicio la Reforma Agraria, que se propuso, lográndolo hasta los años ochentas del siglo pasado, una transformación profunda del campo mexicano: elevó el nivel de vida de las masas rurales, se destruyeron la inmensa mayoría de los latifundios, repartiéndose las tierras entre los campesinos para crear los ejidos, y se inició la tecnificación del campo con la introducción de sistemas de riego y maquinaria, todo lo cual permitió la industrialización del país.
Sin embargo, la Reforma Agraria, el reparto de tierras y el ejido se enfrentaron a innumerables obstáculos y traiciones, y tuvieron siempre enemigos poderosos, dentro y fuera del gobierno, que impidieron su aplicación plena e integral, y, por tanto, el logro cabal de sus objetivos.
En primer lugar, nunca se definieron correctamente, ni se respetaron, los límites de la pequeña propiedad, dando lugar a la existencia de latifundios simulados; muchos gobernadores de los estados obstaculizaron desde siempre el reparto de tierras, convirtiéndose ellos mismos, y sus grupos, en verdaderos terratenientes; indebidamente, se pusieron en manos de particulares los distritos de riego.
Asimismo, se entregaron certificados de inafectabilidad agraria a terratenientes; se dieron concesiones de tierra para ganadería hasta por 25 años, sustrayendo grandes extensiones de tierra de la reforma agraria; se concedió el derecho de amparo para los terratenientes, en febrero de 1947; no se tomaron medidas eficaces para transformar la ganadería extensiva en intensiva; se dio un sucio comercio, por parte de funcionarios públicos menores, de las solicitudes de tierra de los campesinos y sus procedimientos, que prolongaban indefinidamente.
Igualmente constituyeron una gran traición a la Reforma Agraria las deformaciones que la administración pública, de la Federación y de los Estados, ha hecho del artículo 27; las jurisprudencias contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la apatía de las autoridades federales para convertir al ejido en una unidad productiva integral, donde se diera valor agregado a los productos del campo mediante la constitución de industrias, la aplicación de los avances científicos y tecnológicos, y la capacitación de los ejidatarios, aprovechándose al 100 por ciento su tiempo y capacidades.
Los neoliberales y los problemas del campo
El año de 1982 marcó la llegada al poder de los enemigos abiertos del ejido y de la Reforma Agraria, y con ello inició su destrucción.
Pero fue durante el gobierno de Salinas de Gortari, a través de una iniciativa de éste, que en 1991 los diputados panistas y priístas de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados les dieron el tiro de gracia con las contrarreformas que aprobaron al artículo 27 constitucional, que quitaron al ejido sus características de inalienable, inembargable e imprescriptible, para convertir la tierra en una mercancía y dársela en propiedad a los campesinos, con la facultad de poder venderla al mejor postor.
Vino después la declaratoria, por Salinas también, del fin del reparto agrario, y la aprobación de la nueva Ley Agraria, igualmente reaccionaria.
Posteriormente se crearon instrumentos como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), una verdadera trampa, un engaño, para los empobrecidos hombres del campo, quienes hoy, ante su cada vez mayor miseria y para cubrir sus necesidades básicas, se ven obligados a vender sus tierras a los nuevos latifundistas, a quienes el Gobierno Federal provee de todas las facilidades para hacer producir la tierra, lo que nunca hizo con los ejidos.
Hoy vivimos las consecuencias de estas contrarreformas en el campo: el resurgimiento de los latifundios, no sólo en manos de nacionales, sino hasta de extranjeros, lo que pone en eminente peligro nuestra integridad territorial; una grave crisis alimentaria, con la creciente importación de granos y demás productos del campo; aumento de los conflictos por tierra, del descontento entre los campesinos y una creciente miseria de las masas rurales, que cada vez en mayor número deciden emigrar a los Estados Unidos o incorporarse a las filas de la delincuencia organizada.
Unidad y lucha
Ante esta grave situación, sólo la unidad de los campesinos y de sus diferentes organizaciones les podrá permitir enfrentar esta enorme embestida de los neoliberales en contra de sus legítimos intereses, anhelos y derechos.
Además, urge la unidad entre obreros y campesinos, porque es bueno luchar por un sistema de riego, por un crédito o por un seguro agrícola, pero si el pueblo trabajador de la ciudad y del campo no combate unido la política económica neoliberal en todos los frentes, cualquier conquista particular lograda por un campesino, o por un grupo de ellos, constituiría sólo un paliativo temporal que no resolvería el problema de fondo, que es precisamente la política reaccionaria que el gobierno federal panista aplica, no sólo en el campo, sino en todos los aspectos de la vida nacional.
La demanda principal deberá ser entonces el que se retome el espíritu y la letra originales del Artículo 27 de la Constitución, y en base a esto construir una política para el campo de carácter progresista, que busque la reconstrucción de los ejidos como centros integrales y modernos de producción, donde se aplique la ciencia y la tecnología para dar valor agregado a sus productos, y trabajo a todos los ejidatarios durante todo el año.
Además, deberá ser una política que promueva la autosuficiencia alimentaria; que planifique la producción en el campo mexicano; que oriente créditos oportunos y baratos para los ejidatarios y campesinos, obligando a la banca a hacerlo, o de plano nacionalizando el crédito, todo con el propósito de logar la autosuficiencia alimentaria de la nación y elevar el nivel de vida del pueblo, pero principalmente de los hombres y mujeres del campo.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com
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