Por
Roberto ESCAMILLA PÉREZ
Los
lobos, junto con los lobos con piel de oveja, han suscrito un monstruoso
acuerdo denominado Pacto por México,
mismo que ya ha dado vida a sus dos primeros engendros: la reforma laboral y la
reforma educativa, ambas a la medida de la oligarquía neoliberal que hoy
usufructúa el poder en nuestro país y acordes con sus propósitos de seguir explotando
la mano de obra barata de los mexicanos, saqueando las riquezas naturales de
nuestro país, y de formar los cuadros científicos, técnicos y políticos que
para lograrlo requieren.
El monstruo
Por
sus motivaciones y objetivos reales, y por quienes lo suscribieron y apoyan, el
Pacto por México es un verdadero
monstruo que, además de provocar una gran confusión, intentar atraer aliados a
la causa del neoliberalismo e infundir falsas esperanzas entre el pueblo,
amenaza con destruir lo que aún queda de la obra que los revolucionarios
mexicanos construyeron desde la lucha por nuestra independencia hasta la
revolución iniciada en 1910.
Además
de que el documento firmado por quienes integran dicho pacto está lleno de
demagogia, de buenos deseos y de generalidades, no señala los medios ni las
políticas que se aplicarán para el logro de los objetivos que en él se plantean,
porque saben que para lograrlos tendrían que abandonar las políticas
neoliberales que han venido aplicando en los últimos 30 años, lo que por lógica
ni siquiera ha pasado por su mente.
Así,
en realidad, esta alianza de los partidarios del neoliberalismo con aventureros
como “Los Chuchos” y otras gentes mal llamadas de “izquierda”, tiene en la mira
la privatización completa de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), de la educación pública y de la seguridad social,
suprimir los aspectos avanzados de los artículos 3º, 27, 123 y 130
constitucionales, y destruir los sindicatos, especialmente los independientes y
democráticos.
Preguntas
obligadas
¿Cómo
puede el Pacto por México proponerse
el logro de una sociedad de derechos y libertades cuando se violan e ignoran de
manera permanente los derechos y libertades del pueblo mexicano plasmados en la
Constitución de la República como los derechos a la salud, al trabajo, a un
ingreso digno y suficiente, a la educación, a una vivienda digna, a la
participación política, a la libertad de organización y de opinión, al voto
libre y secreto, y a tener una auténtica representatividad en los órganos de
poder?
¿Cómo
puede proponer el crecimiento económico, la creación de empleos y la
competitividad si el gobierno insiste en aplicar las políticas económicas
neoliberales que han logrado exactamente todo lo contrario: destrucción de la
industria auténticamente nacional, una dependencia enfermiza respecto a la
economía norteamericana, crisis, desempleo, miseria y, como consecuencia de
todo ello, una baja productividad y competitividad de nuestra economía?
¿Cómo
pueden decir que aspiran a lograr un México con seguridad y justicia cuando al
menos 13 millones de mexicanos viven en la miseria más espantosa y cerca de 80
millones padecen diferentes niveles de pobreza sin perspectivas reales de salir
de ella, lo que constituye en sí la peor de las injusticias y el perfecto caldo
de cultivo para la inseguridad y la delincuencia?
Así,
en tales circunstancias las promesas del Pacto
por México en relación a la transparencia, rendición de cuentas y combate a
la corrupción son mera demagogia, y esto se demostró una vez más en las
declaraciones patrimoniales del gabinete presidencial, llenas de
inconsistencias, errores y claramente incompletas, e insuficientemente claras y
transparentes, además de insultantes para los millones de mexicanos pobres pues
estos funcionarios “reconocen” ingresos superiores a los 150 mil pesos
mensuales (aunque la realidad es que perciben mucho más), pero sin reportar el
número y valor de sus propiedades.
Finalmente
hablan de “gobernabilidad democrática”, pero ¿cómo puede ser ésta una realidad
si la clase trabajadora mexicana, compuesta por millones de ciudadanos, carece
de una auténtica representación en los órganos de poder, que además de
condicionados y limitados por su misma pobreza material, son presionados y
manipulados de muy distintas maneras al ejercer su voto?
El engendro
laboral
De
inmediato, los verdaderos propósitos del Pacto
por México saltaron claramente a la vista con la aprobación de una reforma
laboral que debilitó el carácter tutelar del Estado mexicano en favor de los
trabajadores, limitó el ejercicio del
derecho de huelga, impuso el modelo de contratación individual, puso más
obstáculos a la firma de contratos colectivos, condiciona la estabilidad en el
empleo a la “productividad” impuesta unilateralmente, impuso la llamada
“flexibilización laboral” que incrementará la inseguridad e inestabilidad en el
trabajo, y legalizó la subcontratación o el denominado “outsorcing”, lesivo
para los trabajadores.
Asimismo, como parte de la “movilidad” o
“flexibilización laboral” se aprobó el desarrollo de labores “conexas” o
“complementarias” a la labor principal del trabajador (lógico, a criterio de las
autoridades y los patrones), igualmente los contratos de capacitación inicial, los
periodos de prueba, el trabajo de temporada, el pago por horas de trabajo y no
por jornada laboral, la modificación del horario de trabajo y las llamadas
“labores discontinuas”, todo lo cual constituye un verdadero atentando contra
las conquistas históricas de la clase trabajadora, y que agravará la
inseguridad en el trabajo y el temor al futuro, principalmente entre los
jóvenes.
El
engendro educativo
Pero por si lo anterior fuera poco, el primer paso
de una reforma educativa neoliberal mucho más amplia es también ya una triste
realidad, y ahora, no contentos con las modificaciones reaccionarias hechas al
artículo 3º constitucional en 1992 y 1993, durante el gobierno de Salinas de
Gortari, y sin ir al fondo del problema educativo real en un país como el
nuestro, el Pacto por México enfila
sus baterías en contra de la organización de trabajadores más grande de América
Latina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
queriéndonos vender la idea de que los maestros y su organización sindical son
los principales responsables de dicho problema.
Sin embargo, a pesar de la corrupción y derechización
de muchos líderes sindicales, que sí afecta obviamente al sistema educativo, en
realidad el problema de la educación tiene que ver con las políticas económicas
neoliberales que se han aplicado en nuestro país desde hace ya más de 30 años,
con el bajísimo presupuesto que se destina a la educación, a la ciencia y al
desarrollo tecnológico, con la privatización real y acelerada del sistema
educativo nacional, y con las contrarreformas al artículo 3º constitucional.
Dos
aspectos que llaman la atención
De esta reforma llaman especialmente la atención dos
puntos. El primero es el que señala que se fortalecerá la autonomía de
gestión de las escuelas públicas, con lo que bajo el liderazgo de los
directores y la participación de alumnos, maestros y padres de familia, podrán organizarse
para mejorar la infraestructura del plantel, comprar materiales
educativos, resolver problemas de operación básicos y cualquier otro “reto” que
la escuela enfrente.
Esto
en realidad derivará en el abandono por parte del Estado de estas
responsabilidades y obligaciones para cargárselas en las espaldas de los
empobrecidos padres de los educandos, y de los maestros y directores, lo que
derivará en un mayor deterioro de la infraestructura educativa, en graves
afectaciones a la economía familiar de la gente pobre y en otros conflictos al
interior de las escuelas que traerán seguramente como consecuencia una mayor
deserción escolar.
El
segundo consiste en que el Ejecutivo Federal deberá tomar en cuenta a los
padres de familia para determinar los planes y programas de estudio de
la educación prescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.
Esto
lo que en realidad significa es que se tomará en cuenta a la derecha, y a los
elementos activistas y reaccionarios de la iniciativa privada, para determinar
los planes y programas de estudio, porque “los padres de familia”, al menos los
que se encuentran entre los 90 millones de pobres, no están representados por
ninguna organización y en ningún lugar, y por tanto su voz no será escuchada.
Los principios
del artículo 3º constitucional
Además, con toda la intensión de destruir la
educación pública, los distintos gobiernos neoliberales, desde Miguel de la
Madrid hasta el actual de Peña Nieto, han provocado el abandono del espíritu
del artículo 3º, que señala que todo individuo tiene derecho a recibir
educación, que el Estado tiene el derecho y la obligación de impartirla, que
debe basarse en los resultados del progreso científico y que será gratuita.
Asimismo,
que la educación deberá fomentar el amor a la Patria y la conciencia de la
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Que
será laica, ajena a cualquier doctrina religiosa; que deberá luchar contra la
ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los perjuicios.
Que
impulsará la democracia, no sólo como un régimen jurídico y político, sino como
un sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural
del pueblo.
Señala
también que el criterio de la educación será nacional, atenderá a la
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a
la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra
cultura.
Y,
finalmente, que la educación que imparta el Estado contribuirá a la mejor
convivencia humana, sustentando ideales de fraternidad e igualdad de derechos
de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de
grupos, de sexos o de individuos.
De
haberse aplicado de manera consecuente el espíritu del artículo 3º
constitucional, México no estaría en la pésima situación en la que se
encuentra, no solo en el aspecto educativo, sino en lo económico, social y
político, y tendríamos muchos profesionistas y técnicos, en los distintos niveles
y áreas de la ciencia y la tecnología, que además de tener niveles dignos de
vida, se preocuparían real y efectivamente por nuestro país y por el bienestar
de nuestro pueblo, y contribuirían al fortalecimiento de nuestra independencia
y desarrollo económico nacional.
Frente contra
Pacto
Por
ello, contra el siniestro Pacto por
México, urge la unidad de las
fuerzas democráticas y progresistas de nuestro país en un gran Frente Nacional
que cambie la correlación de fuerzas, expulse del poder a los neoliberales y
aplique un programa de gobierno apegado al espíritu que dio origen a las
revoluciones de Independencia, de Reforma y a la iniciada en 1910, pero acorde
a las condiciones actuales de nuestro país.
Correo
electrónico: a_babor@hotmail.com
