viernes, 16 de octubre de 2015

Universalizar la enfermedad, el proyecto de Peña Nieto

Por Roberto ESCAMILLA PÉREZ

“Por caro que parezca el seguro social,
resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución”.
Otto von Bismarck, “El Canciller de Hierro”

Desde siempre, las clases dominantes han pretendido imponer al resto de la sociedad el concepto de que el Estado es un ente neutral, que se encuentra por encima de las clases sociales y de sus intereses, que es un instrumento para la aplicación de la justicia, y que su propósito es resguardar el orden público y procurar el “bien común”.
Sin embargo, la experiencia histórica y la realidad actual siguen demostrando que el Estado es el instrumento utilizado por la clase social dominante para imponer sus conceptos e intereses sobre el resto de la sociedad, utilizando para ello todos los elementos a su alcance, desde los legales hasta la represión, y el crimen.

La seguridad social surgida de la Revolución Mexicana

El Estado surgido de la Revolución Mexicana fue un instrumento para la defensa de los intereses de la burguesía nacional en ascenso, pero también, por las circunstancias particulares de nuestro país y gracias a quienes participaron en la etapa armada de nuestro movimiento revolucionario (indígenas, obreros, campesinos e intelectuales revolucionarios), incluyó, en sus leyes e instituciones, los más sentidos anhelos de las masas populares.
Uno de dichos anhelos fue la seguridad social, entendiendo ésta como un elemento fundamental para la procuración de la salud del pueblo mexicano y de todos los elementos necesarios que le brindaran seguridad y una vida digna, desde el nacimiento hasta la vejez.
Hasta antes del golpe de Estado incruento perpetrado por los neoliberales en los ochentas del siglo pasado en contra de las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana, la seguridad social, fundamentada en los artículos 4º y 123 constitucionales, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, garantizaba a millones de mexicanos una atención digna y de calidad en los cientos de clínicas y hospitales existentes a todo lo largo y ancho de la República Mexicana.
De acuerdo a nuestras leyes, la seguridad social incluye el seguro de enfermedad y maternidad, que garantiza atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria desde el primero hasta el tercer nivel, ayuda para lactancia y subsidios por incapacidades temporales, además de seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y vejez, prestaciones sociales y seguro de guardería, entre otros derechos.
Sin embargo, muchos de ellos han sido acotados y reducidos, o hasta anulados en la práctica por los gobiernos neoliberales debido a contrarreformas hechas a nuestras leyes, a la privatización sistemática de la seguridad social, a la criminal reducción del presupuesto destinado a la salud, y a la corrupción y el debilitamiento intencional de las instituciones de salud a partir de 1982, con Miguel de la Madrid Hurtado.

Universalizar la enfermedad, proyecto de Peña Nieto.

De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, ya hicieron su parte en su propósito de privatizar las instituciones de salud públicas y en privar a los mexicanos de su derecho a una vida y muerte dignas, pues, entre otras cosas, además del cada vez más pobre presupuesto destinado a proteger la salud de los mexicanos, elevaron el número de semanas de cotización y la edad para tener derecho a una pensión, privatizaron los ahorros de millones de trabajadores con la creación de las llamadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que se quedan hasta con una cuarta parte del dinero de los cotizantes sin arriesgar absolutamente nada.
Pero los neoliberales fundamentalistas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Peña Nieto al frente, y hasta los “neoliberales de izquierda”, encabezados por “Los Chuchos” perredistas, van por todo, ahora con el llamado “Sistema Nacional de Salud Universal”, “sistema único de salud” o “universalidad” del sistema de salud.
¿Qué pretende Peña Nieto con esta iniciativa? ¿Realmente universalizar la atención a la salud? No, más bien universalizar la enfermedad porque, entre otras cosas, habría una reducción de beneficios en pensiones, servicios médicos y prestaciones sociales, esto al degradar la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al paquete del Seguro Popular, además, los jóvenes necesitarían muchos más años de cotización y se ajustarían las pensiones a una universal de mil 92 pesos.
Se dejarán fuera problemas de salud frecuentes, como la  insuficiencia renal crónica y muchos cánceres, y los asegurados deberán pagar por la atención de dichas enfermedades en las unidades médicas públicas o privadas pues con esta contrarreforma los derechohabientes solo podrán acceder a un paquete que únicamente incluirá 285 enfermedades, al contrario de lo que sucede hasta ahora en el IMSS y el ISSSTE, instituciones que están obligadas por ley a atender todos los padecimientos y prestar todos los servicios de manera gratuita.
Asimismo, la reforma de salud de Peña Nieto castigará a niños, discapacitados, enfermos crónicos y pobres, porque para los neoliberales son una pesada e indeseable “carga”, por lo que anularía en la práctica el derecho a la salud de los mexicanos, reduciendo la atención pública e impulsando a quienes están ansiosos por lucrar y hacer un gran negocio con las enfermedades del pueblo.
De esta manera, de aprobarse la propuesta de Peña Nieto, ¿cuántos mexicanos que padecen alguna discapacidad, cáncer, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, entre otras enfermedades graves y crónicas, podrían costearse sus tratamientos en hospitales y clínicas privadas, y adquirir los costosos medicamentos? ¿Cuántas personas de edad avanzada podrían hacerlo? Muy pocas. Así, millones de mexicanos estarían condenados a una muerte prematura y en medio de grandes dolores, todo ante la impotencia y el sufrimiento de sus familias.

El viacrucis diario y real de los derechohabientes

¿A qué se enfrentan diariamente los derechohabientes cuando acuden a una clínica, hospital o institución de salud del Estado? A la carencia de medicamentos o a la mala calidad de los mismos; a largos tiempos de espera en instalaciones insalubres y oscuras, sin aire acondicionado donde se requiere; a la falta de médicos especialistas; a la insuficiencia del equipo necesario para la realización de los diferentes estudios y análisis clínicos; a la poca capacidad de algunos médicos y a la mala atención por parte del personal administrativo; a meses de espera para un estudio o cita con un médico especialista, aunque de ellos dependa la vida del paciente, etcétera.
Es claro que esta problemática no se debe a que las instituciones de salud pública sean malas y a que el Estado no tenga la capacidad para administrarlas, como señalan los mismos neoliberales, y la gran burguesía nacional y trasnacional, sino a que quienes nos gobiernan, lejos de estar interesados en resolver los problemas del pueblo y de la nación, únicamente obedecen los dictados del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), encaminados a privatizar la seguridad social. 
De continuar por este camino, la seguridad social desaparecerá en la práctica y las instituciones de salud públicas terminarán atendiendo únicamente diarreas, catarros, dolores de cabeza y colocando “curitas”, con medicamentos de tercera, y miles de trabajadores de la salud irán a engrosar las filas de los desempleados.
  
La “universalidad” que necesitamos    

Es verdad, los mexicanos requerimos urgentemente un sistema universal de salud que realmente cumpla con los objetivos de atender de manera eficiente e integral los problemas de salud de los mexicanos, y de asegurar para todos una vida digna, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte.
Por ello, el sistema universal de salud que necesitamos tendría que cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
1.- Un incremento sustancial y real al presupuesto destinado a la salud y a la seguridad social.
2.- El respeto a los derechos y logros de todos los trabajadores de la salud, plasmados en sus contratos colectivos de trabajo.
3.- Deberá abarcar a todos los mexicanos e incluir todas y cada una de las prestaciones que actualmente se contemplan.
4.- Que no se excluya de ella ninguna enfermedad por muy oneroso que su tratamiento parezca, teniendo que ser financiada en su totalidad por el Estado y no por el derechohabiente, paciente o enfermo.
5.- Que los montos, topes o niveles de estas prestaciones no bajen, por lo contrario, sean las óptimas, las mejores, para asegurar al beneficiario y a su familia un nivel de vida digno y decoroso.
4.- Mejorar las instalaciones y equipamiento a niveles equivalentes a la institución, clínica u hospital que mejores condiciones tenga.
5.- Que desde el Presidente de la República, hasta el más humilde empleado público, incluidos por supuesto diputados federales, senadores e integrantes de la Suprema Corte de Justicia, funcionarios a todos los niveles de cualquier dependencia federal, estatal y municipal, sean incluidos en este esquema de universalización y les sean anulados cualquier clase de seguro, atención o prestación médica privadas.
Es claro que medidas como las anteriores no serán tomadas por el actual gobierno encabezado por Peña Nieto, ni por ningún otro que base sus acciones en el neoliberalismo, por ello la necesidad urgente de lograr la unidad de todas las fuerzas progresistas del país para derrotar y sacar del poder a quienes hoy lo detentan antes de que la sangre llegue al río.
Correo electrónico: a_babor@hotmail.com